En un contexto de creciente tensión entre el sector educativo y el Gobierno argentino, las universidades nacionales han llevado a cabo clases públicas en diversas ciudades del país como medida de protesta para exigir un incremento en el presupuesto asignado a la educación superior. Esta iniciativa se enmarca en una serie de movilizaciones que culminarán este martes con una marcha federal, la cuarta desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023. La negativa del Gobierno a aumentar los fondos destinados a las universidades ha generado un clima de descontento entre estudiantes, docentes y autoridades académicas.
Las actividades de visibilización se desarrollaron con particular énfasis en la Universidad de Buenos Aires, donde profesores de distintas facultades, incluyendo Derecho, Ciencias Económicas, Veterinaria y Medicina, llevaron sus aulas a las calles cercanas a las instituciones. Esta estrategia no solo busca llamar la atención sobre la situación financiera de las universidades, sino también fortalecer el sentido de comunidad y compromiso entre los actores educativos. La falta de respuesta del Gobierno ha llevado a la comunidad universitaria a redoblar sus esfuerzos para hacer escuchar sus demandas en un escenario donde la educación pública se encuentra en riesgo.
Con la consigna "Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", estudiantes, docentes y directivos se preparan para la manifestación de este martes. Las columnas de manifestantes, que partirán desde diferentes facultades, convergerán en la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires a las 17:00, donde se espera una masiva concurrencia. Este tipo de movilizaciones son parte de una estrategia más amplia para presionar al Gobierno en un contexto donde se percibe una falta de inversión en educación, lo que podría tener implicaciones a largo plazo para la formación de profesionales en el país.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ha descalificado la protesta, argumentando que está "fuertemente influida por la política". A pesar de estas afirmaciones, el descontento en el ámbito universitario sigue creciendo, especialmente ante la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Congreso en 2024. Esta normativa tenía como objetivo destinar más recursos a las universidades y actualizar los salarios de los docentes, quienes han sufrido los embates de la inflación. Sin embargo, el presidente Milei vetó la ley, argumentando que comprometía su plan de 'déficit cero'.
La situación se complicó aún más en 2025, cuando una nueva norma similar fue aprobada, pero también vetada por el presidente. A pesar de que el Congreso logró revertir este veto, Milei promulgó la ley con la condición de que no se aplicara hasta que se definiera una fuente de financiamiento. Ante esta incertidumbre, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevó el asunto a la Justicia, logrando que un juez ordenara al Gobierno cumplir con la ley. Sin embargo, el Ejecutivo ha apelado esta decisión ante la Corte Suprema, que aún no ha emitido un fallo.
Recientemente, el Gobierno presentó un proyecto de ley que propone modificar la norma aprobada en 2025, pero este ha sido rechazado por las universidades, que consideran que no responde a sus necesidades reales. Un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) revela que el presupuesto destinado a las universidades ha caído al 0,428 % del producto bruto interno, el nivel más bajo desde 1989. Esta disminución se compara desfavorablemente con el 0,526 % en 2025 y el 0,718 % en 2023, justo antes de la llegada de Milei al poder, lo que refleja una tendencia preocupante en la inversión en educación superior.
La comunidad educativa se encuentra en un momento crítico, donde las decisiones políticas no solo impactan en el presente, sino que también definirán el futuro de la educación en Argentina. A medida que se acercan las movilizaciones, queda claro que el reclamo por un aumento en el presupuesto no es solo una cuestión financiera, sino una lucha por la defensa de la educación pública y la ciencia como pilares fundamentales del desarrollo del país.
