El reclamo por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario derivó en un nuevo paro que se extenderá hasta el 22 de este mes. La medida tiene una adhesión acotada y dispar, ya que la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), el gremio docente de mayor representación, decidió no sumarse. El sector reclama la actualización de las partidas destinadas a hospitales universitarios, becas estudiantiles y salarios docentes.
La protesta se sostiene luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario presentado por el Gobierno. Los docentes interpretan esa resolución como un avance y consideran que debilita los argumentos que podrían respaldar una suspensión de la medida. En tanto, desde el Gobierno sostienen que todavía existe margen para continuar la discusión y califican las protestas como ilegítimas y politizadas.
La ejecución de la medida cautelar regresó al juzgado de primera instancia, a cargo de Martín Cormick, quien convocó a una audiencia para mañana. El calendario de protestas había comenzado el miércoles de la semana última por convocatoria del Frente Sindical de Universidades Nacionales, con impacto en las universidades públicas de todo el país. Además del paro vigente, el esquema contempla nuevas acciones hasta fin de mes.
Desde el Ministerio de Capital Humano afirman que el Gobierno cumple sus obligaciones con el sistema universitario y cuestionan que la ley comprometa el equilibrio fiscal al no contar, según su postura, con una previsión genuina de recursos. El presidente Javier Milei, por su parte, plantea que la gratuidad del sistema actual provoca que los sectores de menores ingresos financien los estudios universitarios de los hijos de familias con mayores recursos.
