Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto referido a las Malvinas que contempla penas de prisión para quienes participen o promuevan una supuesta campaña “antiargentina”. La iniciativa fue presentada en un contexto de debilidad para el oficialismo en el Parlamento y reabrió discusiones sobre los límites entre la defensa de una causa nacional y la posibilidad de sancionar expresiones críticas al Gobierno.
La propuesta evoca, por su formulación, episodios de la historia argentina reciente. Durante la última dictadura militar, los uniformados también denunciaban una presunta campaña contra el país en el exterior, mientras crecían las preguntas internacionales por la situación de los derechos humanos. El antecedente volvió a ser asociado con el intento del gobierno de Carlos Menem de penalizar eventuales violaciones del secreto de Estado y conductas consideradas capaces de poner en riesgo la seguridad nacional.
Aquella iniciativa fue conocida en la década de 1990 como la “ley mordaza”, debido al riesgo que distintos sectores advertían para la libertad de prensa y de expresión. Finalmente, el Congreso le hizo saber a Menem —entonces un poderoso dirigente peronista— que el proyecto no podía ser aprobado y la idea quedó descartada.
El nuevo proyecto sobre las Malvinas vuelve a instalar ese debate. La causa de las islas concentra un fuerte sentimiento nacional, pero también ha sido utilizada políticamente por gobiernos que enfrentaban dificultades. La falta de precisiones sobre el alcance de las penas y sobre qué conductas serían consideradas parte de una campaña “antiargentina” plantea el riesgo de que una crítica al Gobierno pueda ser interpretada como una conducta sancionable.
