En una jornada marcada por la controversia, el PSOE y el PP no pudieron alcanzar un acuerdo en el Congreso para emitir una declaración de condena hacia el comportamiento del diputado de Vox, José María Sánchez García. Este incidente tuvo lugar el pasado martes, cuando Sánchez García, en calidad de portavoz de su partido en la Comisión Constitucional, se enfrentó de manera directa a una letrada y a la presidencia de la Cámara durante una sesión plenaria.
El enfrentamiento se desencadenó en un contexto tensional, en el que el diputado de Vox, visiblemente alterado, fue expulsado del recinto tras haber sido advertido en tres ocasiones por el vicepresidente primero del Congreso, Alfredo Rodríguez Gómez de Celis. Este episodio se produjo durante el debate sobre una iniciativa del PSOE que abordaba la quema de libros durante el régimen franquista, momento en el que, según el relato de Sánchez García, recibió graves insultos por parte del diputado de ERC, Jordi Salvador, quien lo calificó de “asesino”, “ignorante” y “criminal”.
La propuesta del PSOE para condenar el comportamiento del diputado fue respaldada por sus aliados, pero no así por el PP, que solicitó modificaciones antes de dar su aprobación. Desde un principio, se vislumbró que esta declaración institucional enfrentaría serios obstáculos, ya que es necesario el consenso total para que prospere, algo poco probable debido a la negativa de Vox a censurar a uno de sus miembros. Este contexto dejó claro que la iniciativa estaba condenada al fracaso.
En el borrador de la declaración, el PSOE enfatizaba que el comportamiento de Sánchez García no debía ser considerado como un simple incidente aislado, sino como una manifestación de un estilo político que se basa en el ruido y la intimidación, además de despreciar las normas que rigen la convivencia democrática. “Encararse físicamente con los servicios jurídicos de la Cámara y desatender las indicaciones de la Presidencia no solo infringe el Reglamento, sino que, al realizarlo desde la tribuna presidencial, se atenta contra la dignidad institucional”, expresaron desde el partido.
El PSOE tenía la intención de que el Congreso emitiera un rechazo claro y contundente hacia lo sucedido, argumentando que “la democracia no se trata de gritar más, sino de respetar más”. En esa línea, insistieron en que el recinto legislativo no debe ser un espectáculo ni un escenario televisivo, sino un espacio que merece el máximo respeto por parte de todos sus integrantes. Además, la declaración instaba al Congreso a reafirmar su compromiso con la convivencia y la ejemplaridad frente a aquellos que buscan menoscabar la institución.
Por su parte, el PP presentó una serie de enmiendas a la redacción original del PSOE, sugiriendo que la condena también incluyera actitudes reprochables de otros grupos parlamentarios. En su propuesta, el partido argumentó que no solo deberían ser señaladas las acciones de Vox, sino también los gritos, insultos y gestos que pasan desapercibidos en la dinámica del Congreso. Asimismo, exigieron que la Presidencia dejara de bloquear proyectos legislativos, una práctica que, según ellos, ya ha sido cuestionada por el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones. En este contexto de tensiones y desacuerdos, se pone de relieve la dificultad de establecer un clima de respeto y colaboración en el ámbito político español.
