La Justicia Federal había autorizado el traslado de Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a una prisión más próxima a su hogar. Sin embargo, la Fiscalía ha presentado una apelación que ha dejado esta decisión en un estado de incertidumbre. Así, el traslado del penal de Rawson a la unidad penitenciaria de Esquel queda en suspenso, esperando una resolución definitiva por parte de las autoridades judiciales.
El tribunal revisor, en una reciente decisión, desestimó un argumento de la defensa, lo que implica que Jones Huala seguirá bajo prisión preventiva durante tres meses adicionales. Este prolongamiento de la detención ha generado un creciente debate sobre los derechos y condiciones de los prisioneros en el país. La Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche planteó objeciones a la resolución que permitía el traslado, lo que provocó que el proceso se detuviera hasta que se resuelva la apelación presentada por la Fiscalía.
Desde junio de 2025, el lonko se encuentra recluido en la Unidad Penitenciaria Federal de Rawson, en el marco de una investigación por asociación ilícita calificada, considerada como una causa compleja. Desde su ingreso, ha solicitado reiteradamente ser trasladado a Esquel, argumentando que la proximidad a Bariloche facilitaría las visitas de su familia. La distancia entre las dos localidades es de aproximadamente 900 kilómetros, mientras que la unidad de Esquel se encuentra a menos de 300, lo que haría más accesibles las visitas familiares, según su defensa.
El juez federal subrogante Ezequiel Andreani había accedido al pedido de Huala tras varias audiencias, considerando que la cercanía a su familia era un motivo válido para autorizar el traslado. Sin embargo, justo antes de que venciera el plazo para apelar, el fiscal Fernando Arrigo optó por presentar un recurso, lo que ha generado un nuevo retraso en la medida. Este giro en el proceso legal ha generado preocupación entre los allegados al líder mapuche, quienes ven el traslado no solo como una cuestión de comodidad, sino como un derecho fundamental para mantener el vínculo familiar.
En un contexto de creciente tensión, Jones Huala ha iniciado una huelga de hambre, exigiendo su traslado a Esquel. Fuentes cercanas al dirigente han indicado que la protesta se ha intensificado, con una reducción también en la ingesta de líquidos, lo que ha encendido alarmas sobre su estado de salud. “No está pidiendo su libertad, sino simplemente que se le permita estar más cerca de su familia en Bariloche”, sostienen sus allegados, enfatizando la gravedad de la situación.
La defensa, liderada por Gustavo Franquet, ha presentado numerosos recursos para solicitar el traslado de Huala. Estos planteos han sido realizados tanto en audiencias periódicas para revisar la prisión preventiva como a través de presentaciones directas ante los magistrados involucrados en el caso. En este sentido, la decisión de Andreani de autorizar el traslado se basa en la falta de pruebas suficientes que descalificaran el pedido del líder mapuche. Previamente, el juez Gustavo Zapata también había expresado su intención de permitir el traslado, pero la oposición del Ministerio de Seguridad de la Nación había impedido que se concretara.
La situación de Huala no solo pone de relieve la complejidad del sistema judicial argentino, sino que también plantea interrogantes sobre la política de derechos humanos en el país. En un contexto donde los derechos de los pueblos originarios siguen siendo un tema candente, el caso de Huala se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia y la equidad. La resolución de esta apelación no solo impactará en la vida de Huala, sino que también enviará un mensaje sobre cómo se manejan las cuestiones de derechos humanos y justicia en Argentina.
