El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha presentado su declaración jurada correspondiente al año 2025 ante la Oficina Anticorrupción, un hecho que ha despertado un amplio interés y críticas en el ámbito político y social. Esta declaración no solo incluye información sobre el ejercicio 2025, sino que también corrige los datos de los ejercicios 2023 y 2024, lo que amplía el marco de análisis para la Justicia. La magnitud de las diferencias patrimoniales entre sus presentaciones anteriores y la nueva información ha llevado a que el caso sea objeto de atención especial por parte de los investigadores.
Adorni asumió su cargo en diciembre de 2023, momento en el cual declaró un patrimonio de $61 millones. Sin embargo, un año después, la actualización de su declaración mostró un incremento significativo, alcanzando los $107,9 millones, lo que representó un crecimiento del 76% en pesos y cercano al 50% en dólares. Estas cifras, aunque ya sorprendentes, palidecen en comparación con la nueva información presentada, que revela un patrimonio neto de $627 millones, una cifra que ha dejado a muchos atónitos y ha generado múltiples interrogantes sobre la naturaleza de sus ingresos y su gestión.
La declaración correspondiente a 2025 incluye una serie de activos que no figuraban en las versiones anteriores, como un efectivo de u$s513.000, que se atribuye a la venta de activos, así como depósitos en cuentas en el exterior, inversiones financieras y activos digitales. Entre estos últimos se encuentran tenencias en criptomonedas a través de plataformas como Binance, Lemon y Bitcoin, cuyo valor total supera los $11 millones. Este cambio de narrativa patrimonial ha llevado a los analistas a cuestionar la transparencia de los funcionarios públicos y la naturaleza de sus negocios, especialmente en un entorno económico donde la rendición de cuentas es clave.
Asimismo, la nueva presentación incluye la declaración de propiedades inmobiliarias, como un inmueble en un country ubicado en Exaltación de la Cruz, adquirido en noviembre de 2024, y un departamento en la Ciudad de Buenos Aires que fue incorporado en 2025. Estas adiciones a su patrimonio no solo aumentan su riqueza, sino que también plantean preguntas sobre la capacidad de los funcionarios para justificar tales incrementos en un periodo relativamente corto. Las deudas del jefe de Gabinete también han experimentado un incremento sustancial, lo que añade un nuevo elemento a la complejidad del caso.
Otro tema que ha captado la atención de los investigadores es la declaración de ingresos que no están sujetos a impuestos. En su rectificación de 2024, Adorni mencionó ingresos exentos o no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias que totalizan $148,6 millones, además de recibir bienes por herencia y donaciones que superan los $10 millones. Estos datos, que vuelven a aparecer en la declaración de 2025, han suscitado un intenso debate sobre la equidad fiscal y la transparencia en las declaraciones de los funcionarios públicos.
La situación actual de Manuel Adorni y su declaración jurada es un reflejo de la necesidad de mayor control y supervisión sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios. En un país donde la corrupción ha sido un tema recurrente, estos acontecimientos subrayan la importancia de mantener un sistema de rendición de cuentas que permita a la ciudadanía comprender la evolución patrimonial de sus representantes. La Justicia ahora deberá evaluar las discrepancias y el contexto en el que se han producido, lo que podría tener repercusiones importantes no solo para Adorni, sino también para la confianza en las instituciones públicas en general.
