La portavoz del grupo político Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha manifestado la necesidad de que todas las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el Real Decreto para la regularización extraordinaria de migrantes puedan normalizar su situación en el país. Durante una reciente rueda de prensa, Martínez Barbero enfatizó la importancia de resolver cualquier dificultad administrativa que pudiera entorpecer este proceso. "Si por cuestiones administrativas no podemos regularizar, eso se convierte en un problema significativo", alertó.

Martínez Barbero subrayó que el objetivo principal de esta norma es garantizar que más de 500.000 personas que actualmente residen en España tengan acceso a la documentación que les permita regularizar su estatus. "Este avance significa que España está progresando en términos de derechos humanos. Estas personas, que son parte de nuestra comunidad, contribuyen activamente a la economía, pagan impuestos y aportan al desarrollo del país. Es fundamental que puedan vivir sin temor a ser identificadas o deportadas por no tener la documentación adecuada", explicó con firmeza.

Asimismo, la portavoz destacó que el avance en la regularización fue posible gracias al esfuerzo conjunto de más de 900 organizaciones que trabajaron arduamente para recolectar más de 700.000 firmas en apoyo a esta causa. Agradeció el trabajo realizado en el Congreso y la colaboración del Gobierno, mencionando que se han llevado a cabo diálogos y negociaciones que han permitido que este hito se convierta en realidad. "La regularización no solo trata de cumplir con un trámite, sino que refleja el tipo de país que aspiramos a ser, un lugar que promueve los derechos, la justicia social y la democracia", añadió.

En su intervención, Martínez Barbero no dudó en criticar a partidos de la oposición, como Vox y el Partido Popular, que han pasado de apoyar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a difundir desinformación en contra de la misma. "Feijóo y el PP han optado por el miedo, la intolerancia y el racismo, y ese no es el camino que queremos seguir como sociedad", afirmó con contundencia, enfatizando la necesidad de un enfoque más humano y solidario.

En respuesta a preguntas sobre la posibilidad de un endurecimiento en los requisitos para acceder a la regularización, la portavoz de Sumar defendió que la normalización de la situación de las personas migrantes es un derecho y una obligación que debe ser garantizada. "Estas personas ya están integradas en nuestra sociedad; trabajan y contribuyen a la economía cada día. Por lo tanto, es esencial que el Real Decreto cumpla con su propósito y permita que esas 500.000 personas, que es el objetivo inicial de la ILP, puedan regularizar su situación sin obstáculos", insistió.

Con el fin de facilitar este proceso, Martínez Barbero también hizo un llamado a la ampliación de plazos y al refuerzo de los servicios de extranjería para asegurar que se pueda atender adecuadamente a todas las personas que necesiten regularizar su estatus. Argumentó que este tipo de medidas son imprescindibles para garantizar que el proceso no se vea afectado por la falta de recursos o personal capacitado, asegurando así que se respeten los derechos de todos los migrantes que buscan una vida digna en España.