En un hecho que ha generado un intenso debate social y político, un subprefecto de un municipio en el altiplano peruano fue sometido a un castigo público de latigazos debido a su participación en un acto electoral de Keiko Fujimori. Esta situación se produjo en la localidad de Macarí, perteneciente a la región de Puno, un área que ha demostrado ser especialmente hostil hacia los representantes de la derecha política. Fujimori, quien ha sido presidenta en el pasado y actualmente busca reencontrarse con el electorado, enfrenta un alto nivel de desaprobación en esta parte del país, lo que añade una capa de complejidad a este incidente.
El subprefecto Freddy Condori se encontraba presente en un evento en el que Fujimori hizo una breve aparición, rodeada de un grupo reducido de seguidores. Las imágenes de la visita, donde se le ve junto a la candidata, fueron suficientes para que las rondas campesinas, una organización civil encargada de mantener el orden en comunidades rurales, decidieran actuar. De acuerdo con los reportes, Condori fue llevado a la plaza central de Macarí, donde fue objeto de un ajusticiamiento simbólico, como forma de reproche por lo que se consideró una violación de su deber de neutralidad política.
La figura del subprefecto en Perú es clave, ya que estos funcionarios son designados por el Ministerio del Interior y representan la autoridad del Presidente en las provincias. Por lo tanto, la participación de Condori en un evento político, especialmente de una candidata tan polarizadora como Fujimori, fue vista como una falta grave. Los ronderos, quienes justificaron su acción argumentando que el subprefecto no cumplió con los principios de imparcialidad que exige su cargo, han dejado en claro que no tolerarán lo que consideran traiciones a sus comunidades.
Puno ha sido un escenario complicado para Fujimori y los políticos de su partido, Fuerza Popular, especialmente desde las elecciones de 2021. La región ha estado marcada por tensiones sociales, exacerbadas por la represión de protestas que llevaron a la presidenta Dina Boluarte a enfrentarse a cuestionamientos sobre su legitimidad. En este contexto, cualquier acercamiento a figuras de derecha es interpretado como un acto de traición, lo que pone en riesgo la seguridad y la reputación de quienes ocupan cargos públicos.
Además, la controversia se intensifica con las acusaciones de fraude electoral que Fujimori ha lanzado sin pruebas contundentes, en particular en relación con las elecciones donde perdió por un estrecho margen contra Pedro Castillo. En Puno, su teoría sobre irregularidades en las mesas electorales ha sido recibida con escepticismo, dado el fuerte rechazo que su figura genera en la región. Las tensiones se vuelven aún más palpables cuando se consideran las raíces de la desconfianza hacia la política tradicional, que muchos en Puno asocian con un pasado de injusticias y abusos.
El prefecto de Puno, Adolfo Pizarra, ha declarado que la intervención del subprefecto fue inapropiada y se llevará a cabo una evaluación administrativa sobre su conducta. No obstante, también ha criticado la reacción de las rondas campesinas, sugiriendo que su respuesta fue desmedida. "Respetamos a las organizaciones sociales, pero deben actuar dentro de un marco legal que no les otorgue la facultad de imponer castigos físicos", dijo Pizarra, reflejando la complejidad de la situación en una región donde la política y la justicia comunitaria a menudo chocan de manera violenta.
