Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, han dado a conocer un nuevo “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados”, que fue aprobado por la acordada 4/2026. Esta iniciativa tiene como objetivo primordial la reducción de la discrecionalidad en el proceso de selección y el fortalecimiento de criterios de mérito y transparencia en la designación de jueces. La presentación se llevó a cabo en un evento al que asistieron figuras clave del ámbito judicial y político, incluyendo a Horacio Rosatti, miembros del Consejo de la Magistratura, jueces de diversas jurisdicciones, representantes del Ministerio Público, así como académicos y organizaciones sociales.
Durante su intervención, Rosenkrantz enfatizó la urgencia de mejorar los procedimientos existentes, señalando que el enfoque principal radica en la identificación de los candidatos más cualificados. El magistrado subrayó que la propuesta busca simplificar el proceso al eliminar la discrecionalidad que históricamente ha rodeado la selección de jueces, una cuestión que ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por su falta de transparencia.
Por su parte, Lorenzetti expresó su preocupación por un “déficit estructural” en los mecanismos de selección, tanto en el ámbito nacional como en el provincial. El ex presidente de la Corte alertó sobre el riesgo de que la elección de jueces se vea influenciada por intereses políticos o coyunturales, lo que podría socavar la independencia del poder judicial. Según Lorenzetti, la reforma es una respuesta a la necesidad de que los procesos de selección sean más justos y menos susceptibles a la manipulación.
El nuevo reglamento implica una reorganización exhaustiva del sistema de concursos, preservando la esencia de que el Consejo de la Magistratura seguirá enviando una terna de candidatos al Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones más significativas, se introducen dos tipos de concursos: los anticipados, que serán la norma general, y los especiales, que se aplicarán en casos excepcionales. Los primeros permitirán cubrir hasta ocho cargos en cada convocatoria, mientras que los segundos podrán incluir hasta nueve vacantes.
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la creación de un sistema de inscripción continua, pública y digital, que será obligatorio para todos los postulantes. Además, se establecerá un legajo personal digital e intransferible para cada candidato, garantizando una mayor claridad y seguimiento del proceso. También se contempla una revisión de la prueba de oposición escrita, que se dividirá en dos etapas: una fase general con preguntas seleccionadas al azar y una segunda etapa dedicada a la resolución de casos prácticos y redacción de sentencias.
Asimismo, el sistema propuesto incluye medidas tecnológicas para garantizar el anonimato de los participantes durante el proceso de evaluación. Esto busca asegurar la transparencia y la trazabilidad en cada uno de los pasos del concurso. Los criterios de evaluación de antecedentes se actualizarán para priorizar la excelencia académica y el mérito, disminuyendo la relevancia de los aspectos meramente burocráticos. Finalmente, se elaborará un orden de mérito provisional y se realizarán entrevistas públicas con los seis mejores postulantes, las cuales serán transmitidas de forma accesible para toda la ciudadanía, lo que representa un avance significativo hacia un sistema más abierto y participativo.
