El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, se presenta nuevamente ante el Tribunal Oral Federal 5 para ampliar su declaración en el marco del juicio por la causa conocida como Sueños Compartidos. Esta causa investiga un presunto desvío de más de 200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales en distintas provincias argentinas. Schoklender, que ya había declarado al inicio del juicio, busca ahora ofrecer detalles adicionales que podrían influir en el desarrollo del proceso judicial.
En su declaración anterior, Schoklender había manifestado que la Fundación actuaba como un aparato político al servicio del kirchnerismo, bajo la dirección de Hebe de Bonafini, quien falleció en 2022. Afirmó que Bonafini utilizaba los fondos destinados a la construcción de viviendas para movilizar a personas a eventos políticos, lo que sugiere un uso indebido de recursos públicos. Según sus palabras, la ex presidenta de Madres estaba influenciada por figuras del kirchnerismo, como Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli, lo que generaba una atmósfera de impunidad que dificultaba la denuncia de irregularidades.
Schoklender también se refirió a la relación de Néstor Kirchner con el programa, insinuando que el ex presidente podría haber apoyado esta iniciativa por motivos que no especificó. Según él, tras la muerte de Kirchner, las irregularidades en la gestión se intensificaron, lo que llevó al descontrol en el manejo de los fondos. Esta situación ha llevado a la imputación de Schoklender y otros ocho acusados, entre los que se encuentran figuras destacadas como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López.
El programa Sueños Compartidos, que abarcó diversas localidades como Tigre, Ezeiza, Bariloche y varias provincias del norte argentino, fue objeto de numerosas denuncias. En las últimas semanas, varios testigos han declarado sobre sus experiencias con la Fundación y su exapoderado. Por ejemplo, Marcela Leiva, una exmilitante del movimiento de Emerenciano Sena en Chaco, relató que durante su trabajo en uno de los obradores del programa notó la desaparición de materiales de construcción, así como condiciones laborales precarias.
Leiva describió un ambiente de trabajo hostil, donde los empleados eran maltratados y enfrentaban atrasos en los pagos. Aseguró que se les imponían horarios inusuales y jornadas extensas, además de que se les solicitaba dinero de manera constante. A través de su relato, quedó de manifiesto cómo las condiciones laborales eran deshumanizantes, lo que genera interrogantes sobre la gestión del programa y la responsabilidad de sus directores.
Por su parte, otra testigo, Miriam Aquino, quien representa a una asociación barrial, también aportó su testimonio sobre las irregularidades que observó durante su trabajo con la Fundación Madres. Estas declaraciones están siendo cuidadosamente analizadas por el tribunal, que busca esclarecer la magnitud del fraude y la responsabilidad de cada uno de los implicados en el caso. La audiencia de hoy es un paso más en la larga batalla judicial que se ha desatado en torno a este polémico programa, que ha dejado una huella de desconfianza en la gestión pública y en las organizaciones sociales que deberían velar por el bienestar de los más vulnerables.
Mientras el juicio avanza, la atención se centra no solo en las acusaciones de Schoklender, sino también en cómo sus declaraciones podrían impactar en la percepción pública de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y su legado. La figura de Hebe de Bonafini, a quien muchos consideran una referente de la lucha por los derechos humanos, se ve envuelta en un mar de controversias que podrían cambiar la narrativa histórica de la organización. Así, el caso Sueños Compartidos no solo se trata de un posible fraude, sino de un conflicto más amplio sobre la memoria, la política y la ética en la Argentina contemporánea.
