La Cámara Federal de Rosario ha reactivado la investigación que involucra a las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante la última administración kirchnerista. Este avance se produce tras seis meses de deliberaciones, en los que se cuestionó la falta de controles para evitar que los internos utilizaran teléfonos móviles para continuar delinquiendo desde las cárceles.

El Juzgado Federal N° 4 de Rosario, bajo la dirección del juez Carlos Vera Barros, había convocado a indagatoria a María Laura Garrigós, exinterventora del SPF, en agosto del año pasado. Sin embargo, la declaración no se llevó a cabo debido a que Garrigós intentó desafiar a los fiscales encargados de la investigación, un intento que fue desestimado por la Cámara de Apelaciones. En las próximas horas se definirá una nueva fecha para su indagatoria, en la que también están implicados otros funcionarios del SPF.

La exfuncionaria argumentó una supuesta falta de imparcialidad de los fiscales, ya que las acusaciones se circunscriben únicamente a un periodo específico entre junio de 2020 y diciembre de 2021. La defensa destacó que la normativa que prohíbe el ingreso de teléfonos a las cárceles está vigente desde 2017, y cuestionó la omisión de otras gestiones. La causa se inició a comienzos de 2022, tras el hallazgo de un celular en la celda del narcotraficante Ariel “Guille” Cantero, lo que desató una investigación sobre la posible complicidad de las autoridades penitenciarias en la introducción de estos dispositivos en los pabellones.

Los fiscales sostienen que existen pruebas suficientes para proceder con la indagatoria de Garrigós y otros altos funcionarios del SPF, debido a su incumplimiento con las normativas diseñadas para evitar las comunicaciones no autorizadas de los internos, que han estado vinculadas a actividades delictivas fuera de las cárceles. La Cámara, aunque reafirmó el papel de los fiscales, también concedió algunos cambios en el proceso.