Desde este martes, la Cámara de Diputados de Salta se convierte en un escenario clave para el debate político del año. La propuesta de reforma electoral, promovida por el gobierno de Gustavo Sáenz, ha generado una controversia significativa que trasciende el ámbito legislativo. El proyecto, que cuenta con el respaldo de la mayoría oficialista, busca modernizar el sistema electoral pero también ha despertado temores sobre un posible retorno a la ley de lemas, una normativa que fue derogada hace más de dos décadas.
La iniciativa propone cambios en la ley 6.444, permitiendo que los votos obtenidos por diferentes listas dentro de un mismo frente se acumulen. De esta manera, la fuerza más votada sería la que determine la elección, consagrando a la lista interna con mayor respaldo. Para el oficialismo, esta reforma es vista como una forma de "ordenar la competencia electoral" tras la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y como un intento de fortalecer la representación política. Sin embargo, la oposición advierte que este cambio podría ser utilizado como una herramienta de control y manipulación del poder.
El diputado provincial Germán Rallé, uno de los principales promotores de la reforma, intentó esclarecer los objetivos de la propuesta en declaraciones a medios locales. Rallé enfatizó que la reforma no afectará la elección del gobernador, donde se prevé que solo haya un candidato por espacio, manteniendo la estructura actual. En cambio, la modificación se aplicaría a categorías inferiores como intendentes, concejales y diputados, con la intención de abrir la participación a nuevos candidatos y fortalecer las instituciones partidarias. El legislador destacó que el propósito es habilitar la participación ciudadana y definir claramente quién será el elegido dentro de cada agrupación política.
Desde el gobierno provincial, el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, aseguró que la propuesta no es una iniciativa del Ejecutivo, sino que proviene del ámbito legislativo. Camacho subrayó que no se debe comparar esta reforma con la ley de lemas, afirmando que tal comparación no tiene fundamentos serios. Esta declaración busca despejar las dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de la reforma y calmar las aguas en un clima político tenso.
Por otro lado, la resistencia opositora ante esta reforma no tardó en manifestarse. Ricardo Gómez Diez, abogado constitucionalista y exvicegobernador, expresó su preocupación sobre el impacto que podría tener este nuevo sistema electoral. Gómez Diez afirmó que la reforma puede distorsionar la voluntad del elector, ya que los votos podrían terminar beneficiando a candidatos no deseados por los votantes. Recordó que la ley de lemas había sido abolida en 2002 tras un consenso amplio y advirtió sobre los peligros de retroceder a prácticas del pasado.
Carlos Zapata, diputado nacional por La Libertad Avanza, también expresó su rechazo a la reforma, subrayando que el sistema propuesto podría generar confusión y desconfianza entre los electores. Zapata advirtió que este tipo de cambios en las reglas del juego electoral no solo afectan la transparencia del proceso, sino que también pueden tener consecuencias en la legitimidad de los futuros gobernantes. En el contexto actual, donde la desconfianza hacia las instituciones políticas es alta, la adecuación del sistema electoral se torna un tema de gran relevancia.
Con la sesión ordinaria a punto de comenzar, el destino de esta reforma electoral está en manos de los legisladores salteños. Mientras el oficialismo intenta convencer sobre los beneficios de la propuesta, la oposición se mantiene firme en su crítica, aduciendo que el cambio podría abrir la puerta a un regreso indeseado de prácticas políticas que ya han sido superadas. La discusión promete ser intensa y podría sentar un precedente importante para el futuro electoral de Salta.
