El Gobierno nacional ha iniciado un proceso de reestructuración dentro del Ministerio de Salud que impacta de manera significativa en la administración de políticas vinculadas a la discapacidad. Este cambio, formalizado a través del Decreto 193/2026, fue publicado en el Boletín Oficial y cuenta con la firma del presidente Javier Milei y del ministro Mario Lugones. La reforma busca concentrar el diseño y la implementación de políticas en este ámbito, lo que incluye la gestión de pensiones por invalidez y otros beneficios establecidos por la legislación vigente.
La reconfiguración del organigrama del Ministerio de Salud implica un cambio profundo en la estructura interna del organismo. Se han introducido modificaciones en los niveles operativos, que permiten una mejor organización de las funciones administrativas, técnicas y sanitarias. Con esta reestructuración, se espera optimizar los circuitos internos y la gestión de recursos, tecnología, asuntos jurídicos y relaciones institucionales, mejorando así el funcionamiento general del ministerio.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva normativa es la creación de varias dependencias específicamente orientadas al área de discapacidad. Dentro de estas nuevas direcciones se encuentran la Dirección Nacional de Gestión y Asignación de Apoyos, la Dirección de Evaluación y Certificación de la Discapacidad y la Dirección de Regulación de Servicios. Estas entidades tienen como objetivo facilitar el acceso a derechos y beneficios, así como mejorar la calidad de los servicios brindados a las personas con discapacidad.
Adicionalmente, se establece el Observatorio de Discapacidad, cuyo rol será crucial en la recopilación y análisis de información sobre el acceso a derechos y prestaciones para personas con discapacidad. Este organismo tiene la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de las políticas implementadas y proporcionar datos relevantes que contribuyan a la mejora continua de los servicios. La creación de estas direcciones y del observatorio refleja un compromiso del Gobierno por fortalecer el enfoque en la discapacidad y asegurar que las necesidades de este sector de la población sean atendidas de manera adecuada.
La reestructuración también incluye una profunda reorganización de las áreas con presencia territorial, que se encargarán de evaluar solicitudes, definir beneficios y supervisar la correcta implementación de políticas en todo el país. Este cambio busca no solo centralizar la toma de decisiones, sino también garantizar que las políticas lleguen de manera efectiva a todas las provincias, asegurando que las personas con discapacidad reciban el apoyo que requieren. Además, se reordenan los sectores responsables de las pensiones no contributivas, con un enfoque en la estandarización de procesos y la mejora en el control de expedientes.
Por otro lado, el decreto también establece la eliminación de varias unidades dentro del ministerio, incluyendo la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria y diversas coordinaciones que antes dependían de la extinta Agencia Nacional de Discapacidad. La normativa redefine las funciones de control, asignando nuevas competencias a la Sindicatura General de la Nación, que se encargará de evaluar riesgos, seguir planes y supervisar informes. Según los funcionarios del Gobierno, estos cambios tienen como objetivo primordial fortalecer la transparencia en la gestión y asegurar un manejo adecuado de los recursos públicos, lo que podría mejorar la confianza en el sistema sanitario y en la atención a personas con discapacidad.
