Santiago de Chile, mayo. Un ajuste presupuestario que supera el millón de dólares en el programa encargado de coordinar la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) ha encendido alarmas entre los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos en Chile. Este recorte ha suscitado temores sobre un posible giro del nuevo gobierno hacia políticas que favorecen el olvido y la impunidad, algo que muchos consideran inaceptable en un país que aún lidia con las secuelas de su pasado.
Las voces de angustia se hacen sentir con el grito colectivo que resuena entre los familiares: “¡Ya no tenemos tiempo para encontrarlos!”. Esta desesperación se ve alimentada por decisiones del Ejecutivo, como la solicitud de no alegar en tribunales contra las peticiones de beneficios carcelarios para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Se percibe una actitud que podría estar alineándose con la protección de los intereses de aquellos que, como los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y de Defensa, Fernando Barros, tienen lazos familiares con el régimen de Pinochet.
Mónica Monsalves, quien ha estado buscando a su padre en Cerro Chena, un sitio donde se presume que su progenitor fue fusilado, expresó su incertidumbre sobre el futuro de la búsqueda de desaparecidos. “No tenemos garantías de que este Gobierno apoye nuestra labor”, afirmó, mientras se llevan a cabo excavaciones para determinar la existencia de un posible cementerio clandestino en la zona. Su testimonio refleja el temor generalizado que sienten muchas familias que buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, un temor que se vuelve más palpable tras el anuncio del recorte.
La reducción de fondos impacta directamente en el Plan Nacional de Búsqueda, que fue establecido en 2023, coincidiendo con el 50 aniversario del golpe militar, y que tiene como objetivo esclarecer el destino de las víctimas de desaparición forzada. Este programa ha sido considerado esencial por quienes buscan justicia, y los familiares advierten que la disminución de recursos, sumada a la remoción de personal capacitado, pone en riesgo la continuidad y el enfoque del mismo. Las voces de los que están en la lucha son claras: sin financiamiento adecuado, la búsqueda podría quedar en el olvido.
En la misma línea, Paola Tognola, quien también se encuentra en la búsqueda de desaparecidos en Tocopilla, comparte la inquietud de Monsalves. “No tenemos certeza sobre lo que sucederá el año que viene. Aunque nos digan que estemos tranquilos, sentimos que podrían cerrar las puertas nuevamente”, comentó, refiriéndose a la reciente garantía de fondos solo hasta 2026, lo que añade incertidumbre sobre el futuro de las investigaciones y el acceso a la verdad.
Margarita Romero, presidenta de la Agrupación de Familiares de Colonia Dignidad, señala que los primeros meses del nuevo gobierno evidencian un proceso de desmantelamiento de las políticas de verdad, justicia y memoria. Su preocupación se basa en las señales que percibe, las cuales conforman un nuevo ciclo de impunidad que vuelve a afectar a las víctimas y sus familias. La lucha por justicia y reconocimiento de los derechos humanos parece estar enfrentando un obstáculo significativo en este contexto político.
Sin embargo, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, ha salido al paso de las críticas, asegurando que el gobierno ha sido claro en su compromiso con la continuidad del Plan de Búsqueda. Mira sostiene que se están realizando coordinaciones con el Poder Judicial para garantizar que las políticas de Estado en esta materia se mantengan. A pesar de las afirmaciones oficiales, el clima de desconfianza persiste entre los familiares de las víctimas, quienes temen que las promesas no se traduzcan en acciones concretas que fortalezcan la búsqueda de justicia.
