San Juan, 18 de marzo (Redacción Medios Digitales).- Puerto Rico se perfila como uno de los principales beneficiarios de la exención temporal de 60 días a la Ley Jones, una medida anunciada recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta normativa busca mitigar el aumento en los precios del petróleo, que ha sido exacerbado por la situación de conflicto en Oriente Medio.
La Ley Jones, o Ley de cabotaje, establece que toda la mercancía que llegue a Puerto Rico debe ser transportada en buques de bandera estadounidense, lo que encarece el costo de vida en la isla. Esta situación ha generado un clamor popular en Puerto Rico, donde muchos ciudadanos demandan la eliminación de esta exigencia, dado que el territorio es un Estado Libre Asociado a EE.UU.
La gobernadora Jenniffer González expresó su apoyo a la decisión del presidente, considerándola un esfuerzo del gobierno federal para estabilizar los mercados y asegurar la continuidad de las cadenas de suministro esenciales. Aunque reconoció los beneficios de la exención, también defendió la Ley Jones como un pilar de la economía y la seguridad nacional de EE.UU., a pesar de los inconvenientes que genera para Puerto Rico.
La Ley, en vigor desde 1920, obliga a que el transporte entre puertos estadounidenses se realice exclusivamente con barcos de la nación. Con la reciente exención, se permitirá a embarcaciones extranjeras transportar petróleo y gas natural, facilitando así el acceso a recursos estratégicos en un momento crítico. Expertos locales, como José Alameda, catedrático de economía, consideran que esta medida puede abrir nuevas posibilidades para la isla, incluyendo el acceso a los 172 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas estadounidenses, que son vitales para el abastecimiento en la región.
