En Santiago de Chile, un grupo de diputados pertenecientes a la extrema derecha ha presentado un polémico proyecto de ley que busca exigir a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo la "oportunidad de escuchar" los latidos del feto. Esta iniciativa, denominada "Escucha tu corazón", ha generado un intenso debate en la sociedad chilena, especialmente en el contexto de las luchas por los derechos reproductivos de las mujeres. La propuesta ha sido impulsada por parlamentarios del Partido Republicano, fundado por el presidente José Antonio Kast, y del Partido Nacional Libertario, entre otros, lo que refleja una tendencia creciente hacia el conservadurismo en el ámbito legislativo.
La intención de esta legislación es modificar el Código Sanitario para que, antes de llevar a cabo un aborto, los médicos informen a las mujeres sobre la actividad cardíaca del feto y les ofrezcan la posibilidad de escuchar esos latidos. Aunque el texto estipula que la mujer puede optar por no escuchar el latido, establece que, en caso de que decida no hacerlo, el médico deberá negarse a realizar la interrupción del embarazo y registrarlo en la historia clínica de la paciente. Esta cláusula ha suscitado críticas, ya que se percibe como una restricción más a la autonomía de las mujeres en decisiones sobre su salud y su cuerpo.
Desde diferentes organizaciones feministas, el proyecto ha sido calificado como "cruel" y como una "herramienta de disuasión ideológica" que utiliza el sistema de salud pública para menoscabar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y su salud reproductiva. La directora de la Corporación Miles, Javiera Canales, ha señalado que este tipo de iniciativas son parte de una estrategia más amplia adoptada por sectores de la derecha chilena, influenciados por movimientos ultraconservadores internacionales. La preocupación por el impacto de estas políticas se intensifica en un contexto donde el acceso a servicios de salud reproductiva sigue siendo un tema de debate en la región.
Este tipo de legislación no es una novedad en el ámbito internacional. Iniciativas similares han sido implementadas en otros países, como Hungría, bajo el gobierno de Viktor Orbán, y en la región española de Castilla y León, donde una coalición de partidos de derecha ha promovido medidas restrictivas en relación al aborto. La adopción de este tipo de normativas pone de manifiesto una tendencia global hacia la restricción de derechos reproductivos, que ha sido objeto de críticas en diversas partes del mundo.
Antonia Orellana, exministra de la Mujer durante el gobierno de Gabriel Boric, también ha cuestionado la necesidad de esta ley, planteando en una carta en sus redes sociales si es realmente necesario someter a las mujeres a esta experiencia en situaciones donde el feto no tiene viabilidad. Este tipo de interrogantes resaltan la falta de empatía y comprensión que puede existir en la creación de políticas que afectan directamente a la vida de las mujeres y sus decisiones más personales.
Por su parte, José Antonio Kast, un ferviente opositor al aborto y padre de nueve hijos, en su campaña electoral había prometido evitar lo que denominó "batalla cultural" y enfocar su atención en las preocupaciones más inmediatas de los ciudadanos, como la delincuencia y el estado de la economía. Sin embargo, el avance de este proyecto de ley sugiere que la agenda antiabortista sigue siendo una prioridad para su gobierno y sus aliados.
La actual ministra de la Mujer, Judith Marín, quien ha adoptado una postura activa contra el aborto, todavía no ha emitido una declaración oficial sobre esta controvertida medida. Desde el Ejecutivo, se ha indicado que este proyecto es una iniciativa parlamentaria y no del gobierno, lo que deja abierta la posibilidad de un debate más amplio sobre este tema en el futuro cercano. La discusión sobre el aborto y los derechos reproductivos en Chile sigue siendo un campo de batalla importante, donde los derechos de las mujeres y las ideologías políticas chocan de manera cada vez más evidente.
