La Central Obrera Boliviana (COB) llevó a cabo este martes una movilización masiva en las calles de La Paz, donde trabajadores de diversos sectores, incluyendo mineros, docentes y campesinos, se unieron para exigir al presidente Rodrigo Paz un aumento salarial del 20%. Esta manifestación, que atrajo a miles de participantes, también tuvo como objetivo expresar el rechazo a un proyecto de ley que penaliza el bloqueo de vías, así como a cualquier modificación de la Ley General del Trabajo de 1939.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, fue el encargado de liderar la protesta, que generó un colapso en el centro de la capital boliviana durante varias horas. Durante la marcha, los manifestantes expresaron su descontento no solo por la situación económica que enfrenta el país, sino también por la falta de diálogo y negociación con el gobierno respecto a cuestiones laborales fundamentales. En un mitin que se llevó a cabo cerca del Palacio de Gobierno, Argollo entregó un pliego de peticiones que contiene las demandas de los trabajadores, siguiendo la tradición del sindicalismo boliviano de formalizar sus requerimientos en busca de negociaciones antes del Día del Trabajo.
El pliego presentado por la COB solicita un aumento salarial general del 20%, en línea con el incremento del salario mínimo anunciado por el presidente Paz en diciembre del año pasado, que pasó de 395 a 474 dólares. Sin embargo, el gobierno ha señalado que cualquier aumento de salario debe ser negociado de manera tripartita, involucrando a empresarios, sindicatos y autoridades, como lo sugiere la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta situación marca un cambio con respecto a las administraciones anteriores de Evo Morales y Luis Arce, donde los aumentos salariales eran decretados unilateralmente y generalmente superaban el índice de inflación.
Argollo también destacó que el pliego de la COB incluye un contundente rechazo a la propuesta de ley que busca penalizar el bloqueo de carreteras, una táctica de protesta común en el país. El proyecto presentado por algunos legisladores establece sanciones que pueden ir desde tres hasta 20 años de prisión, además de multas económicas, dependiendo de la gravedad de la protesta. El líder sindical no dudó en calificar a estos diputados y senadores como "personas no gratas" y enemigos del proletariado, enfatizando la necesidad de defender el derecho a la protesta.
La COB también expresó su firme oposición a cualquier intento de modificar la Ley General del Trabajo, que rige desde 1939. Argollo advirtió que en el actual contexto político, donde el gobierno parece alinearse con intereses empresariales, cualquier intento de modificar esta ley sería devastador para los derechos laborales en el país. La Ley General del Trabajo ha sido considerada un pilar fundamental para la protección de los derechos de los trabajadores bolivianos, y su modificación podría significar una regresión significativa en las conquistas laborales alcanzadas a lo largo de las décadas.
Con un plazo de diez días dado al gobierno de Paz para responder a sus demandas, la COB se mantiene firme en su postura de exigir condiciones laborales justas y equitativas. El desenlace de esta movilización podría tener un impacto significativo en el futuro de las relaciones laborales en Bolivia, así como en la estabilidad del gobierno actual, que enfrenta presiones tanto de los sindicatos como de otros sectores de la sociedad. La respuesta del ejecutivo será crucial para determinar si se abrirán espacios de diálogo o si las tensiones laborales se intensificarán en los próximos días.
