En medio de un paro que ya se extiende por dos semanas en las universidades argentinas, la Justicia ha emitido un fallo que ordena al Gobierno la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión, considerada un hito por muchos en la comunidad académica, se fundamenta en la defensa del derecho a enseñar y aprender, y sostiene que destinar fondos para el pago de salarios docentes y becas no afecta el interés público. Sin embargo, aún quedan por definir aspectos cruciales relacionados con los gastos de funcionamiento de las instituciones educativas.

Franco Bartolacci, quien recientemente fue electo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se expresó sobre la trascendencia de esta resolución judicial. "Es una gran noticia y una decisión extremadamente relevante para toda la comunidad universitaria del país en el contexto delicado que estamos atravesando", señaló Bartolacci, quien anteriormente ocupaba la vicepresidencia del CIN. A pesar de la posibilidad de que el Gobierno nacional recurra a la Corte Suprema, el dirigente recalcó la obligación del Estado de cumplir con lo estipulado por la Justicia, enfatizando la necesidad de respeto a la ley.

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dio lugar a una medida cautelar que solicita la implementación de los artículos 5 y 6 de la mencionada ley. El artículo 5 establece la actualización de los salarios de docentes y no docentes en función de la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, además de la creación de una convocatoria paritaria trimestral. Este marco legal también impacta directamente en las becas, que han visto un deterioro significativo en su valor real, como es el caso de las Becas Belgrano, que ofrecen un estipendio mensual que actualmente se sitúa en $81.685, pero que necesita ser revisado a la luz de la inflación.

Un informe reciente del CIN indica que el incremento salarial necesario para el personal docente y no docente debería alcanzar aproximadamente el 47,3%, mientras que las becas requerirían un aumento superior al 95% para ser efectivas. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley representa solo el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, lo que plantea la pregunta de por qué no se ha implementado aún, dado que su impacto fiscal es relativamente bajo.

"El fallo es muy claro en sus fundamentos y ratifica las razones que hemos venido planteando", afirmó Bartolacci, quien también es rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El dirigente académico subrayó que se trata de una ley razonable que no compromete la estabilidad fiscal del Estado y que, además, resguarda el derecho al acceso a la educación superior. La expectativa ahora es que el Gobierno realice las asignaciones presupuestarias necesarias para cumplir con lo que la ley establece.

En una conversación posterior a la decisión judicial, Bartolacci reiteró que desde las universidades se han agotado todas las medidas posibles para obtener respuestas del Gobierno. La incertidumbre persiste respecto a cómo se llevarán a cabo las instancias de implementación de la ley y qué decisiones tomará el Ejecutivo en relación a las erogaciones presupuestarias para el personal universitario y los becarios. El líder del CIN expresó su voluntad de esperar a ver la respuesta del Gobierno, subrayando que la situación debe evaluarse con base en las acciones que se tomen a partir de ahora.