Alejandra Monteoliva, actual ministra de Seguridad, atraviesa un momento crítico en su gestión, caracterizado por un creciente descontento entre las fuerzas de seguridad. Este jueves, se prevé una manifestación significativa por parte de efectivos de diversas fuerzas federales, quienes se agruparán en el edificio Centinela, en Retiro, demandando mejoras salariales urgentes. Esta movilización, que se llevará a cabo bajo el lema "Todos juntos por un salario digno", representa un desafío considerable para la ministra, quien no ha logrado ofrecer respuestas satisfactorias a las inquietudes del personal a su cargo.
El malestar en las fuerzas de seguridad no solo se limita a la cuestión salarial, sino que también se extiende a problemas estructurales como el desmantelamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La situación se ve complicada por el hecho de que muchos de los uniformados no están sindicalizados, lo que limita su capacidad para negociar condiciones laborales. Fuentes cercanas al gobierno han señalado que, aunque Monteoliva ha mantenido conversaciones informales con los líderes de las fuerzas, no ha logrado establecer un canal de comunicación efectivo con los agentes de base, quienes se encuentran en una situación económica precaria, con salarios por debajo de la línea de pobreza.
La manifestación de este jueves, programada para las 11:00, involucra a efectivos de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Policía Aeronáutica y el Servicio Penitenciario, lo que indica la magnitud del descontento generalizado. Cabe destacar que no se tiene registro de una movilización de tal envergadura desde el retorno a la democracia en Argentina, lo que subraya la gravedad de la situación. A pesar de los intentos de diálogo, la ministra se ha mantenido en silencio frente a las demandas y la falta de respuestas ha erosionado la confianza en su liderazgo.
Además de los problemas enfrentados por Monteoliva en relación a las fuerzas de seguridad, su gestión está marcada por tensiones políticas internas. Su distanciamiento con Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, ha generado fricciones dentro del gabinete. Monteoliva ha bloqueado la designación de Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero y cercano a Bullrich, en la Agencia de Migraciones, lo que ha intensificado las disputas en el entorno político. Esta situación ha llevado a que la hermana del presidente, quien observa de cerca los movimientos de Monteoliva, desconfíe de su relación con otros actores políticos, como Victoria Villarruel.
El contexto de crisis se agrava con la reciente disolución del IOSFA mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en febrero de 2026. Este decreto responde a una crisis financiera y a una abultada deuda con prestadores de servicios, lo que ha provocado una falta de atención médica adecuada para los uniformados. Aunque se estableció un periodo de transición para ordenar los activos y prestaciones del organismo, los problemas persisten y los uniformados se ven obligados a lidiar con dificultades para acceder a servicios básicos.
A medida que la situación avanza, el gobierno ha comenzado a licitar con las principales empresas de medicina prepaga para la creación de la nueva Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). Sin embargo, el proceso es lento y los uniformados continúan enfrentando incertidumbre respecto a su atención médica. En un clima de creciente tensión y descontento, la habilidad de Monteoliva para manejar estas crisis será crucial para su permanencia en el cargo y la estabilidad dentro del Ministerio de Seguridad.
