Los sindicatos de la Policía Nacional defendieron la actuación de los agentes que participaron en el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que vivía en una vivienda alquilada del barrio del Retiro, en Madrid. Frente a las críticas por el operativo, sostuvieron que los efectivos se limitaron a cumplir una orden judicial y reclamaron que la investigación anunciada por la Delegación del Gobierno en Madrid contemple el conjunto de las actuaciones y las instrucciones recibidas.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) señalaron que comprenden el impacto generado por las imágenes difundidas, pero pidieron que también se escuche a los policías que intervinieron y que se revisen las grabaciones completas. “Entendemos perfectamente la dureza de las imágenes y que se investigue cualquier posible irregularidad. Pero también pedimos que se escuche a los policías que estuvieron allí, que se analicen las grabaciones completas y que se tengan en cuenta las órdenes recibidas y las circunstancias reales de un dispositivo complejo”, expresaron.
El sindicato agregó: “No podemos exigir a los agentes que cumplan una resolución judicial y después juzgar su actuación exclusivamente por unos segundos de vídeo, sin conocer todo lo que ocurrió antes”. A la vez, reclamó una “investigación rigurosa” ante las denuncias formuladas por el Sindicato de Inquilinas, activistas, dirigentes políticos y ciudadanos, quienes aseguraron que algunas personas fueron “gaseadas” con espray policial y recibieron golpes que les dejaron “marcas” en la espalda o en la cabeza cuando intentaban impedir el desahucio. El SUP sostuvo además que las circunstancias del operativo deben analizarse en forma integral y que los agentes deben ser escuchados durante la investigación.
