El Congreso de Perú ha dado un paso significativo al aprobar una nueva ley que establece que los policías y militares sólo podrán ser procesados por tribunales castrenses por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Este cambio, que se produjo el martes en una segunda votación, ha suscitado controversia y críticas, especialmente por parte de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La ONU había expresado su preocupación sobre esta medida, instando a no llevarla a cabo, lo que ha elevado el debate sobre la justicia y los derechos humanos en el país.

La modificación del Código Penal Militar Policial y del Nuevo Código Procesal Penal implica que un militar o policía no podrá ser juzgado simultáneamente en la justicia ordinaria y en la justicia militar-policial por los mismos hechos. Esta disposición busca evitar la duplicidad de procesos, pero también plantea interrogantes sobre la imparcialidad de los tribunales militares, que han sido criticados por su falta de independencia. Además, la norma establece que los jueces de la jurisdicción ordinaria deberán archivar cualquier investigación que se encuentre en curso en el fuero militar-policial, lo que podría resultar en una falta de justicia para las víctimas.

El respaldo a esta ley provino principalmente de la bancada del fujimorismo, que representa a numerosos policías y militares que actualmente enfrentan procesos por presuntos abusos de derechos humanos. Muchos de estos casos datan de la época del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), un periodo marcado por violaciones sistemáticas de derechos humanos, así como de los conflictos sociales que emergieron en los años recientes. La aprobación de esta ley, por tanto, se ve como un intento de proteger a este sector de la población, lo que ha desatado un debate sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos frente a la impunidad.

El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, ha manifestado que las violaciones a los derechos humanos deben ser juzgadas por tribunales ordinarios que sean competentes, independientes e imparciales, conforme al derecho internacional. La aprobación de esta ley no sólo contradice estas recomendaciones, sino que también plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema judicial peruano para manejar estos delicados casos de manera justa. Además, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del país había expresado reservas sobre la norma, advirtiendo sobre los posibles riesgos que implica en términos de la independencia judicial y la proporcionalidad de las sanciones.

La reciente legislación también incluye disposiciones que especifican el delito de función, incorporando conductas tanto por acción como por omisión durante el ejercicio de funciones militares o policiales. Por otro lado, se introducen penas severas, que van de 20 a 30 años de prisión, para aquellos que colaboren con grupos armados ilegales o bandas criminales. En casos extremos, donde esta colaboración resulte en la muerte de una persona, se contempla la cadena perpetua como sanción, lo que muestra un intento de endurecer las penas para delitos graves en el contexto de la seguridad pública.

Asimismo, el Parlamento peruano ha aprobado una iniciativa que incorpora los delitos de lesa humanidad en el Código Penal, estableciendo que casos como el asesinato, la tortura o la desaparición forzada sólo serán considerados como tales si se demuestra que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Esta definición ha levantado críticas, ya que podría limitar la capacidad de enjuiciar adecuadamente a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos, priorizando una interpretación restrictiva de lo que constituye un delito de lesa humanidad.

Finalmente, la ley establece que sus disposiciones se aplicarán a juicios ya en curso y a sentencias que estén en revisión. Esta situación plantea un escenario complejo para el sistema judicial en Perú, que deberá encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la seguridad pública, en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones judiciales sigue siendo un tema candente. La aprobación de esta ley marca un nuevo capítulo en la lucha por la justicia en Perú, que seguramente continuará generando controversias en el ámbito político y social.