Las universidades argentinas y el Gobierno se encuentran en medio de un conflicto que ha escalado debido a la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Este marco de tensión se intensifica a medida que se acerca el inicio del ciclo lectivo, con un paro convocado por docentes y no docentes programado del 16 al 21 de marzo. La situación ha llevado a los responsables de las instituciones a exigir una respuesta del Gobierno, que hasta ahora ha mantenido un silencio tenso.
El reclamo principal de los sindicatos se centra en la necesidad de mejoras salariales, un aumento en los fondos destinados a financiamiento, la recomposición de becas y, aunque esta última demanda parece más distante, la inversión en infraestructura. Tras un revés judicial, el Gobierno ha comenzado a explorar alternativas y ha convocado a los líderes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para discutir un nuevo proyecto que sea más acorde a sus limitaciones presupuestarias. Sin embargo, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, ha manifestado sus dudas sobre la efectividad de esta propuesta, indicando que se han diluido aspectos críticos de la ley original.
La normativa sancionada en 2025, aunque aún no implementada, estipulaba un gasto de 0,23% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sin embargo, el borrador que está considerando el Gobierno no refleja adecuadamente el impacto de la inflación en los ingresos universitarios. El ajuste propuesto, que se basa en un índice de inflación específico, podría no cubrir las necesidades reales de las instituciones. Ante esta situación, los sindicatos han anunciado no solo el paro de marzo, sino también una serie de acciones de protesta, incluyendo la Marcha Federal prevista para el 23 de abril, en respuesta a la falta de avances en las negociaciones.
