Paraguay ha llevado su posición ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel, en la que se cuestionan las acciones militares en Gaza. Durante su intervención, el gobierno paraguayo expresó su preocupación por la posible ampliación del concepto de genocidio, advirtiendo sobre el riesgo de atenuar la gravedad de este delito si se incluye en la Convención sobre el Genocidio violaciones que, según Asunción, no satisfacen los criterios establecidos por el tratado internacional.
En su declaración, Paraguay enfatizó que las supuestas violaciones al Derecho Internacional Humanitario no deberían ser consideradas bajo la misma categoría que el genocidio. En este sentido, el documento presentado ante el tribunal aclara que el delito de genocidio requiere una interpretación estricta, alineada con los objetivos del tratado y la jurisprudencia de la CIJ, subrayando que otras infracciones no encuadran en esta definición.
El gobierno de Santiago Peña ha mantenido en años recientes una política exterior que se alinea con Israel y Estados Unidos, lo que se ha visto reflejado en varias posturas en la Asamblea General de Naciones Unidas, así como en la decisión de trasladar la embajada paraguaya de Tel Aviv a Jerusalén en diciembre de 2024. La declaración ante la CIJ, firmada por Miguel Aranda, viceministro de Asuntos Técnicos, también pidió un análisis riguroso de las pruebas presentadas, solicitando que solo se acepten aquellas que cumplan con los estándares internacionales para la determinación de genocidio.
