La historia reciente de Panamá se ve marcada por uno de los episodios más trágicos y sombríos en su historia: el atentado terrorista que ocurrió hace casi tres décadas y que se ha considerado el más grave en el país. El 19 de julio de 1994, el vuelo 901 de la aerolínea Alas Chiricanas se convirtió en el escenario de una explosión devastadora que cobró la vida de 21 personas, la mayoría de ellas de origen judío, además de tres ciudadanos estadounidenses. Este ataque ha sido atribuído por las autoridades estadounidenses a la organización chií Hizbulá, lo que añade una dimensión internacional a un hecho que dejó una herida profunda en la sociedad panameña.
Recientemente, el retorno a Panamá del ciudadano colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil ha generado un renovado interés y análisis sobre este caso. Jalil, quien es acusado de ser uno de los responsables de la voladura del avión, fue extraditado desde Venezuela y su llegada ha sido considerada un paso importante en la búsqueda de justicia. La Cancillería panameña había expresado su satisfacción por este avance, indicando que la extradición representa un progreso significativo en una investigación que había permanecido estancada por años.
La explosión del vuelo 901 se produjo pocos minutos después de que la aeronave despegara del aeropuerto de Colón, en la costa caribeña de Panamá. La tragedia no sólo impactó a las familias de las víctimas, sino que también alteró la percepción de seguridad en el país, al poner de manifiesto la vulnerabilidad ante el terrorismo internacional. Durante mucho tiempo, las autoridades panameñas habían luchado por esclarecer los detalles que rodean este atentado, que fue reabierto en agosto de 2019, lo que permitió que nuevos elementos pudieran ser considerados en la investigación.
Las primeras indagaciones, que se remontan a varios años atrás, llevaron a las autoridades a identificar al ciudadano colombiano de origen libanés Lya Jamal como el terrorista suicida responsable de la explosión. A pesar de que los esfuerzos por captar a los involucrados continuaron, el caso fue perdiendo impulso hasta que nuevas evidencias fueron presentadas en 2018 por el entonces presidente panameño, quien recibió una carta del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señalando que los servicios de inteligencia de Israel tenían información que confirmaba que Hizbulá estaba detrás del atentado.
Un informe de la Embajada de EE.UU. en Panamá de octubre de 2024 reafirmó esta conexión, al señalar que Hizbulá fue efectivamente responsable de la tragedia que dejó a tantas familias en duelo. En este contexto, el Departamento de Estado estadounidense lanzó un programa de recompensas que ofrece hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de otros implicados en el atentado, demostrando el interés de la comunidad internacional en resolver un caso que ha permanecido en la penumbra durante años.
La extradición de Jalil es vista por muchos como un rayo de esperanza para que se haga justicia, no solo por las víctimas y sus familias, sino también por la sociedad panameña que ha vivido con este dolor durante tanto tiempo. La esperanza es que con su declaración y los avances en el caso se logre esclarecer los vínculos de Hizbulá con el ataque, permitiendo así un cierre para una historia que ha dejado cicatrices profundas en la memoria colectiva del país. Israel ha expresado su satisfacción con este desarrollo, esperando que finalmente se esclarezca la verdad detrás de este trágico acontecimiento.
