El partido Ciudadanos Etíopes por la Justicia Social (EZEMA) ha emitido acusaciones serias contra el gobierno de Etiopía, señalando prácticas de discriminación étnica que afectan a sus candidatos en la región de Harari. En un comunicado oficial, la formación opositora alertó sobre la descalificación de sus postulantes por motivos de identidad étnica y la detención de militantes en el sur del país. Estas acciones, según EZEMA, no solo socavan la integridad del proceso electoral, sino que también amenazan la credibilidad de las próximas elecciones generales.

EZEMA enfatiza que su compromiso con un proceso electoral pacífico y legal está siendo desafiado por un entorno marcado por presiones políticas y prácticas discriminatorias. El partido sostiene que, a pesar de su intención de contribuir a un debate democrático, se enfrenta a un escenario adverso que incluye acosos y restricciones a la participación política de ciertos grupos. En particular, la formación denunció que los candidatos que no pertenecen al grupo étnico harari están siendo sistemáticamente excluidos de la contienda electoral, lo que contradice los principios consagrados en la Constitución de Etiopía.

Desde 1990, Etiopía ha estado organizada bajo un sistema político que se basa en la identidad étnica, lo que ha generado tensiones históricas y conflictos en diversas regiones del país. Harari, siendo la más pequeña de las regiones etíopes, es un claro ejemplo de cómo el control político se mantiene a través de estructuras que favorecen a la élite local. A pesar de la diversidad étnica presente en la región, las reglas establecidas han permitido que el grupo harari mantenga su predominancia, lo que ha llevado a una exclusión de otros grupos demográficos, como los oromo y los amhara, quienes son significativamente más numerosos.

En un caso concreto, EZEMA reportó que su candidato a la Cámara de Representantes del Pueblo fue descalificado tras un fallo del Tribunal Superior Regional del Estado de Harari. Este tribunal falló en favor de la exclusión del candidato, argumentando que no cumplía con los requisitos étnicos establecidos por la Junta Electoral Nacional de Etiopía. Esta situación, según el partido opositor, es un claro ejemplo de cómo el sistema político etíope discrimina a los ciudadanos en función de su origen étnico, consolidando la idea de que existen ciudadanos de primera y segunda clase en el país.

La exclusión de los habitantes de la histórica ciudad amurallada de Jegol de la participación política ha sido calificada por EZEMA como una “herida profunda” que debe ser remediada. En respuesta a esta situación, el partido ha decidido llevar el caso ante las autoridades judiciales pertinentes, buscando que se revise y rectifique esta injusticia hasta alcanzar los niveles más altos del sistema judicial del país. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio por garantizar que se respeten los derechos políticos de todos los ciudadanos etíopes, independientemente de su identidad étnica.

Además de las denuncias sobre la exclusión de candidatos, EZEMA ha criticado abiertamente a las fuerzas de seguridad de la región del sur de Etiopía, a las que acusa de violar su neutralidad política. Según el partido, varios de sus coordinadores y candidatos en distintas localidades, como Gamo, Kore, Dawro y Arba Minch, han sido objeto de arrestos y hostigamientos sin justificación legal. Esta situación plantea serias dudas sobre la imparcialidad de las autoridades y su compromiso con la justicia, lo que añade una capa más de complejidad a un ya complicado panorama electoral en Etiopía.