La oposición nicaragüense ha solicitado oficialmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) que declare al gobierno de Nicaragua, encabezado por el matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como ilegítimo. Esta petición se realizó durante la Asamblea General que se lleva a cabo en Panamá, donde representantes de diferentes plataformas opositoras, organizaciones de derechos humanos y miembros de la sociedad civil, especialmente aquellos en el exilio, se unieron en un llamado a la acción. La solicitud resalta la necesidad de que la comunidad internacional reconozca la crisis política que atraviesa Nicaragua desde hace años.

Los opositores argumentan que el régimen de Ortega, quien ha estado en el poder desde 2007, ha operado bajo prácticas de fraude electoral y represión sistemática de cualquier forma de oposición. A lo largo de su mandato, Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, ha sido acusado de socavar las instituciones democráticas, lo que ha llevado a una situación de deterioro de los derechos humanos en el país. En noviembre de 2021, la OEA ya había manifestado su preocupación en una resolución que calificaba las elecciones de ese año como ilegítimas y carentes de transparencia, lo que refuerza la posición de la oposición sobre la falta de legitimidad del gobierno actual.

La declaración emitida por la oposición enfatiza que es fundamental que las acciones de la OEA se traduzcan en consecuencias políticas tangibles. En este sentido, no solo se busca la declaración de ilegitimidad de Ortega y Murillo, sino también el reconocimiento del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes a través de elecciones verdaderamente democráticas. Este aspecto es crucial, dado que la falta de elecciones justas ha sido uno de los principales factores en la crisis que vive el país.

El documento presentado por la oposición a los representantes de la OEA también ofrece un panorama de la crisis que ha afectado a Nicaragua durante los últimos ocho años. En él se mencionan situaciones alarmantes, como la detención de al menos 46 personas que son consideradas prisioneras políticas y la desaparición forzada de otras nueve. Además, se denuncian violaciones graves de derechos humanos, como la privación arbitraria de nacionalidad a 452 individuos, el cierre de miles de organizaciones de la sociedad civil y el desplazamiento forzado de más de 850.000 nicaragüenses desde 2018.

Una de las situaciones más impactantes que el documento resalta es la muerte del líder indígena miskitu, Brooklyn Rivera, bajo custodia estatal. Rivera había estado detenido durante casi tres años y su estado de salud se había deteriorado gravemente durante su encarcelamiento. La oposición exige la liberación de todos los prisioneros políticos y la presentación de pruebas de vida de aquellos que están desaparecidos, subrayando la urgencia de una respuesta internacional a estas violaciones de derechos humanos.

La situación en Nicaragua es un claro reflejo de la lucha por la democracia y el respeto a los derechos humanos en la región. La oposición nicaragüense ha hecho un llamado a los Estados miembros de la OEA para que utilicen todos los mecanismos diplomáticos y políticos a su disposición para abordar esta crisis. Es fundamental que la comunidad internacional no solo observe, sino que actúe para apoyar al pueblo nicaragüense en su búsqueda de un futuro más justo y democrático. La presión internacional podría ser un factor determinante para estimular cambios en un régimen que ha mostrado poca disposición a escuchar las demandas de su propia población.