Ginebra, 1 de mayo (Redacción Medios Digitales) - La situación del juez peruano Oswaldo Ordóñez ha generado un profundo revuelo a nivel internacional, especialmente tras la reciente decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificar su cargo. Este cambio en su estatus se ha interpretado como una represalia directa por su participación en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2024, donde abordó la crítica situación de la independencia judicial en Perú.
Las relatoras de la ONU, Margaret Satterthwaite y Gina Romero, han alzado sus voces en contra de esta medida, subrayando que los jueces deben tener la libertad de participar en el debate público sobre el sistema judicial sin temor a represalias. En un comunicado, enfatizaron que la independencia judicial es fundamental para el funcionamiento de cualquier democracia, y que las acciones en contra de Ordóñez podrían ser vistas como un intento de silenciar a quienes defienden este principio.
La controversia se intensificó cuando se reveló que la decisión de la JNJ se basó en una denuncia presentada por una congresista en septiembre de 2025, casi un año después de que Ordóñez participara en la audiencia de la CIDH. Este retraso en la denuncia ha suscitado cuestionamientos sobre la motivación real detrás de las acciones de la JNJ y si estas están alineadas con un verdadero interés por la justicia o si son parte de una estrategia más amplia para controlar las voces críticas dentro del sistema judicial.
La audiencia en la que participó Ordóñez fue un espacio crucial para discutir la libertad y la independencia de los jueces en América Latina, un tema que ha cobrado relevancia en la región debido a las crecientes presiones políticas sobre el poder judicial. La intervención del juez no solo abordó la realidad en Perú, sino que también ofreció una perspectiva sobre cómo las diferentes naciones enfrentan desafíos similares en materia de derechos humanos y autonomía judicial.
Las expertas de la ONU han manifestado su preocupación por el posible precedente que esta situación podría establecer, alertando sobre un clima de miedo que podría desincentivar a otros jueces y funcionarios del sistema judicial a participar en foros internacionales o a expresar sus opiniones sobre la situación del poder judicial. En este sentido, la revocación de Ordóñez podría ser vista como un ataque directo a la libertad de expresión y a la independencia judicial, valores esenciales en cualquier sociedad democrática.
El caso de Oswaldo Ordóñez resalta la necesidad de un análisis más profundo sobre la relación entre el poder judicial y el poder político en Perú. En un contexto donde la independencia del sistema judicial puede estar en juego, es crucial que tanto la comunidad internacional como los actores locales se mantengan vigilantes y activos en la defensa de estos derechos fundamentales. La situación actual invita a una reflexión sobre cómo se pueden proteger a los jueces y sus derechos en un entorno donde las presiones políticas parecen estar en incremento.
