El Gobierno nacional se prepara para enviar, en las próximas horas, una serie de proyectos legislativos al Congreso de la Nación con el objetivo de continuar avanzando en la agenda impulsada por el presidente Javier Milei. Entre las iniciativas de mayor relevancia se destacan el denominado "Súper RIGI" y la Ley de Etiquetado Frontal, los cuales reflejan la intención del Ejecutivo de modificar significativamente el panorama económico y de salud pública en el país. En este contexto, se anticipa también la presentación de un paquete de medidas desregulatorias, impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger, que complementarán estas propuestas.
El jefe de Gabinete ha sido el encargado de comunicar las iniciativas que serán remitidas al Parlamento, destacando que en el transcurso de la jornada se enviarán proyectos como la Ley de Ludopatía y la Ley de Lobby, además del ya mencionado Súper RIGI y el Etiquetado Frontal. Esta presentación se da en un clima de tensiones internas dentro del oficialismo, marcado por la investigación judicial que involucra a Manuel Adorni, lo que ha acaparado la atención de los medios y ha generado una presión adicional sobre el Gobierno para consolidar su agenda legislativa.
Uno de los focos de atención será el nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que busca atraer capitales en sectores considerados estratégicos para la economía nacional. Este nuevo régimen, que se diferencia del anterior en términos de carga tributaria, propone una drástica reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias, pasando del 25% establecido anteriormente al 15% en el caso del Súper RIGI. Esta medida, según el ministro de Economía, Luis Caputo, busca facilitar la amortización de inversiones, permitiendo a las empresas amortizar el 60% en el primer año, el 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero.
Las modificaciones propuestas no solo se limitan a la carga impositiva, sino que también incluyen ampliaciones en las exenciones arancelarias para la importación de insumos necesarios para la producción. Esta medida busca eliminar las "zonas grises" que actualmente complican la interpretación de la normativa vigente, facilitando así un marco más claro y atractivo para los inversores. Entre los sectores que se beneficiarán con estas nuevas disposiciones se mencionan el refinamiento y laminado de cobre, así como la fabricación de automóviles eléctricos, especialmente en el contexto de una creciente producción local de litio.
Por otro lado, la Ley de Etiquetado Frontal se propone como una herramienta para mejorar la salud pública, obligando a las empresas alimenticias a incluir advertencias en los envases sobre el contenido excesivo de azúcares, sodio y grasas. Esta legislación se inscribe en un esfuerzo más amplio por fomentar hábitos alimentarios más saludables entre la población y combatir enfermedades crónicas relacionadas con la mala alimentación. La derogación de esta ley ha generado un debate intenso entre los sectores de la salud y la industria alimentaria, evidenciando la complejidad de equilibrar intereses económicos y el bienestar público.
Finalmente, se prevé que en futuros envíos al Congreso se incluyan más medidas, incluyendo un paquete orientado a desregular sectores como el farmacéutico y la navegación nacional. La expectativa es que estas iniciativas generen un impacto positivo en la economía, aunque la implementación de múltiples reformas al mismo tiempo también puede generar incertidumbre en diversos sectores. La capacidad del Gobierno para navegar estos desafíos será clave en el desarrollo de su agenda legislativa y en la consolidación de su apoyo popular.
