La fiscalía que se encarga de investigar el presunto enriquecimiento patrimonial injustificado de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y su esposa, Bettina Angeletti, ha solicitado una serie de medidas de prueba que buscan desentrañar la naturaleza de sus ingresos, bienes, gastos y las posibles irregularidades en su patrimonio. Este movimiento se produce en un contexto donde la transparencia en la gestión pública se encuentra bajo la lupa, y las acusaciones de enriquecimiento ilícito han generado un clima de preocupación dentro del gobierno.
Entre las nuevas solicitudes, el fiscal ha pedido información relacionada con un caso que involucra al hermano de Adorni, Francisco Jorge Adorni. La resolución establece que se requiere documentación sobre las actividades laborales de Manuel y Bettina, además de registros de ingresos de proveedores que están vinculados a una propiedad ubicada en un country. Este enfoque en el patrimonio familiar también abarca la situación habitacional de la madre del funcionario, lo que sugiere una compleja red de relaciones y transacciones que podrían estar siendo investigadas.
Un aspecto central de esta indagación es la búsqueda de una “amplia certificación del objeto procesal” del expediente que involucra a Francisco Adorni. En este sentido, el fiscal ha solicitado detalles sobre las personas implicadas, los hechos que se investigan, y cualquier referencia a bienes de origen familiar o dinero en efectivo que pudiera tener conexión con las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Esta medida es fundamental para establecer posibles vínculos entre los activos investigados de Manuel Adorni y los del hermano.
A su vez, el fiscal ha dirigido su atención hacia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, requiriendo información sobre cualquier vínculo, cargo o actividad remunerada que Manuel Adorni haya tenido en la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores desde 2017 hasta la actualidad. Este pedido incluye antecedentes administrativos, funciones desempeñadas y todos los detalles relacionados con remuneraciones y compensaciones recibidas, lo que podría arrojar luz sobre la magnitud de sus ingresos y posibles irregularidades.
Por otro lado, la fiscalía también ha puesto el foco en el inmueble situado en el barrio privado Indio Cuá Golf Club. Se han solicitado registros de ingreso y egreso que abarcan desde noviembre de 2024 hasta agosto de 2025, con el objetivo de reconstruir los aspectos patrimoniales relacionados con reformas, acondicionamiento y provisión de materiales en dicha propiedad. Este punto es crucial, dado que podría revelar información sobre gastos que no se ajusten a los ingresos declarados por los involucrados.
Finalmente, la investigación busca identificar a proveedores, contratistas y personal de obra que hayan participado en trabajos relacionados con el lote en cuestión. Asimismo, se ha requerido información sobre la recepción de mercadería, muebles y electrodomésticos, lo que podría contribuir a desentrañar una posible red de complicidades en torno a este caso. En un país donde la gestión pública y la ética en el ejercicio del poder son temas de constante debate, estas revelaciones podrían tener un impacto significativo en la percepción pública del gobierno actual y en la carrera política de sus miembros.
