El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, advirtió que la Fiscalía de Menores podría actuar de oficio si las comunidades autónomas se niegan a recibir a menores migrantes procedentes de la ciudad autónoma. “Evidentemente, la ley tiene que cumplirse”, sostuvo.
Pérez Triano señaló que las autoridades todavía no conocen con exactitud cuántos menores se encuentran en las calles de Ceuta, aunque la ciudad estima que son alrededor de 500. Según explicó, la prioridad es que abandonen esa situación y reciban la atención correspondiente. “Los menores solos tienen que ser atendidos en España. Eso es ley y así tiene que ser”, remarcó.
El funcionario también planteó la necesidad de una respuesta coordinada entre las distintas jurisdicciones. “Va a hacer falta solidaridad interterritorial para que estos menores terminen en otros lugares donde van a estar mejor”, afirmó, y agregó que resulta imposible para la ciudad autónoma atender a todos por sus propios medios. En ese sentido, describió a Ceuta como una zona “bastante desbordada”.
Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, expresó su expectativa de que el Ejecutivo no tenga que afrontar “ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento”. El funcionario sostuvo que la legislación obliga a las comunidades autónomas y mencionó la existencia de un mecanismo con criterios objetivos para distribuir a los menores y reducir la presión en los territorios que funcionan como vías de entrada, como Canarias, Ceuta y Melilla.
