La situación socioeconómica en Argentina se encuentra en un punto crítico, y los movimientos sociales han decidido alzar su voz en contra de las políticas del gobierno de Javier Milei. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto con el Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, ha llevado a cabo asambleas en diversas provincias del país, donde se aprobó un plan de medidas de fuerza escalonadas. Entre estas medidas se incluye la posibilidad de realizar cortes de rutas de manera indefinida si el Gobierno no cumple con una medida cautelar que respalda el programa Volver al Trabajo, así como la organización de una marcha federal que podría culminar en un paro general antes de que finalice el año.

Las asambleas, que tuvieron lugar el pasado 9 de junio, se desarrollaron frente a las sedes de las secretarías de Trabajo en todo el país. Durante estos encuentros, la UTEP se unió a organizaciones de izquierda como Territorios en Lucha y el Bloque Nacional Piquetero bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP y líder del Movimiento Evita, ha descrito la situación actual como “una emergencia social desbordante”, subrayando la urgencia de la respuesta frente a la crisis que afecta a los sectores más vulnerables de la población.

El plan de acción que se ha decidido adoptar opera en dos frentes. El primero de ellos se centra en el programa Volver al Trabajo, que es una continuación del Potenciar Trabajo. Este programa se encuentra actualmente bajo la protección de una medida cautelar emitida por el Juzgado Federal de Campana, que obliga al Gobierno a mantener los pagos a más de 926.000 beneficiarios, quienes reciben un monto mensual congelado de $78.000 desde el inicio de la gestión actual. La apelación del Gobierno a esta resolución judicial está siendo evaluada por la Cámara Federal de San Martín, y de su resultado dependerán las acciones a seguir por parte de los movimientos sociales.

Si el Gobierno decidiera incumplir con esta medida cautelar, la UTEP ha advertido que se activarían cortes de ruta en todo el país, lo que generaría un impacto significativo en la circulación y la economía. Además, el reclamo de los movimientos incluye un aumento del salario que esté alineado con el salario mínimo vital y móvil. En caso de que el Gobierno cumpla con la decisión judicial, la organización se propone definir en los primeros días de julio el formato de una jornada de protesta, dependiendo de las circunstancias que se presenten en ese momento.

El segundo frente de acción implica una coordinación más amplia con el movimiento sindical en su conjunto. El 18 de junio, en la sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT), se llevó a cabo un encuentro entre el triunvirato cegetista y los líderes de la UTEP. Durante esta reunión, se abordaron los problemas que enfrenta el país en términos de empleo y poder adquisitivo, y se llegó a la conclusión de que el rumbo económico actual está provocando un debilitamiento del tejido industrial y una pérdida de puestos de trabajo.

El diagnóstico compartido en esta reunión resalta la necesidad de una respuesta unificada ante una situación que se agrava día a día. Las organizaciones sindicales y sociales están alineadas en su preocupación por el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores y la urgencia de adoptar medidas que protejan los derechos laborales y sociales. En este contexto, el futuro de las tensiones entre los movimientos sociales y el Gobierno se presenta incierto, con la posibilidad de que las protestas se intensifiquen si no se encuentran soluciones satisfactorias a las demandas planteadas por quienes representan a los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.