El Gobierno español considera que existen altas probabilidades de aprobar este martes el real decreto con medidas de vivienda, después de que el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años expulsada de su casa en Madrid, generara una fuerte reacción social y reactivara la búsqueda de acuerdos entre distintos grupos parlamentarios.

El Ejecutivo tiene facultades para aprobar la norma en el Consejo de Ministros, aunque el sector socialista sostiene que debe hacerlo cuando cuente con los apoyos necesarios para convalidarla en el Congreso de los Diputados. Según fuentes gubernamentales, la transmisión en directo del desahucio de la mujer, ocurrido en el barrio de Retiro, modificó el escenario político y social.

La evaluación del Gobierno es que se produjo “un punto de inflexión” que llevó a las fuerzas que hasta ahora bloqueaban el entendimiento a considerar concesiones para alcanzar, al menos, un acuerdo de mínimos. El objetivo sería reunir los votos suficientes para que el decreto supere su trámite parlamentario.

Las principales diferencias se concentraban hasta ahora en Junts y Podemos, cuyos planteos chocaban entre sí. Junts reclama medidas destinadas a los propietarios, entre ellas bonificaciones fiscales, mientras que Podemos defiende expropiaciones masivas y controles sobre los precios. El Ejecutivo asegura que hubo avances en las conversaciones con Junts y mantiene su rechazo a las expropiaciones.