En el marco de una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, reiteró su reclamo al Gobierno nacional por una deuda que, según la administración provincial, supera los 2,2 billones de pesos. Este monto corresponde a fondos jubilatorios que, según la provincia, han sido adeudados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La reunión, convocada por el máximo tribunal, reunió a funcionarios de la provincia y del Gobierno nacional para analizar la situación financiera que afecta a más de 17 millones de bonaerenses.
Durante el encuentro, participaron el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, la presidenta del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Las autoridades provinciales aprovecharon esta instancia para exponer la gravedad del conflicto relacionado con el sistema de jubilaciones y la falta de recursos que, según ellos, deberían ser destinados a los ciudadanos de Buenos Aires pero han sido retenidos por el Estado central.
Al finalizar la audiencia, López destacó la importancia del diálogo institucional promovido por la Corte y subrayó el compromiso manifestado por el Gobierno nacional para abordar este reclamo. Asimismo, se estableció una nueva audiencia para el 21 de abril, con el propósito de formalizar el reconocimiento de la deuda y avanzar en su solución. Este reclamo es parte de un conjunto más amplio de demandas de la provincia hacia la Nación, que ascienden a 15,6 billones de pesos e incluyen además transferencias no automáticas y obras públicas sin finalizar. La administración bonaerense argumenta que el actual régimen de coparticipación federal la coloca en una situación de desventaja, ya que aporta el 38% de la recaudación total del país, pero solo recibe el 7% de los fondos distribuidos.
La situación se complica aún más en un contexto de caída de la recaudación provincial, atribuida a la recesión económica y a las políticas fiscales a nivel nacional, limitando la capacidad del gobierno bonaerense para financiar servicios esenciales y responder a las necesidades de la población. Además, el gobierno de Axel Kicillof ha iniciado otras seis acciones legales contra el Estado, evidenciando la tensión existente entre la provincia y la Nación.
