A pocos días de iniciado el año, el Gobierno Nacional había planteado una ambiciosa meta fiscal: reducir en un 10% la plantilla estatal durante el primer trimestre. Sin embargo, esa meta no se materializó como se esperaba, y posteriormente fue reformulada con un horizonte más extenso, estableciendo como nuevo objetivo la reducción para fines de 2026. Este ajuste no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de medidas que han marcado la gestión del actual gobierno en sus primeros años.
Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, se ha observado un recorte significativo en la dotación de personal del Estado. En los primeros dos años de su administración, se registraron reducciones que han generado preocupación entre algunos miembros del gabinete. Estos ministros expresan sus dudas sobre la viabilidad de seguir disminuyendo el número de empleados, ya que podría afectar gravemente el funcionamiento de organismos y áreas clave del Estado, poniendo en riesgo los servicios públicos que dependen de estos empleados.
El Informe de Gestión N° 145, presentado recientemente por la Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados, ofrece cifras que ilustran la magnitud del ajuste llevado a cabo hasta ahora. Según este informe, en el ámbito de las empresas públicas, la reducción de personal entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 asciende a 18.278 empleados, pasando de 91.166 a 72.888 puestos. Por su parte, en los ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional (APN), la disminución alcanza los 37.972 trabajadores, lo que representa una contracción del 18,5% respecto a un total de 205.550 empleados en dicho periodo.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, es el encargado de gestionar la política de empleo estatal. En su defensa, el ministerio ha aclarado que no existe una meta fija de despidos para el año 2026, sino que las reducciones se implementan de manera gradual y fundamentada en un análisis exhaustivo de cada área. Este enfoque implica revisar las funciones de cada dependencia y determinar si existen superposiciones que justifiquen una reestructuración.
El proceso de evaluación de la dotación estatal ha resultado en la desvinculación de aproximadamente 56.250 trabajadores entre empresas públicas y otros organismos estatales. Para alcanzar el objetivo de reducir un 10% del total de la dotación, el gobierno tendría que prescindir de cerca de 17.000 empleados en la APN y 7.000 en las empresas estatales, lo que plantea un reto considerable en términos de gestión y operatividad.
El informe parlamentario también establece de manera clara el criterio que guía estas decisiones: cuando se determina que las funciones de un área se superponen con las de otra, o que no son responsabilidades legales del Estado, se procede a la disolución de esa área y a la desvinculación de su personal. Por el contrario, si se trata de funciones esenciales, se establece una dotación mínima necesaria para garantizar su correcta ejecución, basada en la carga laboral y los procesos implicados. Así, la política del gobierno se presenta como un intento de adecuar el funcionamiento del Estado a la nueva realidad económica del país, aunque no sin generar controversias y resistencias entre distintos sectores.
La complejidad de este ajuste en el empleo público trasciende la simple reducción de personal. Implica un replanteamiento de las funciones del Estado y su capacidad para responder a las demandas de la ciudadanía. A medida que se avanza hacia el objetivo de 2026, será fundamental observar cómo se equilibran las necesidades de eficiencia administrativa con la provisión de servicios esenciales, y qué consecuencias tendrá este proceso en la estabilidad del empleo público y en la calidad de los servicios estatales que dependen de él.
