El Senado mexicano dio un paso significativo en la lucha contra la violencia de género al aprobar una reforma constitucional que permite al Congreso establecer una ley general sobre feminicidio. Este proyecto de ley, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo unificar la tipificación, investigación y sanción de este delito a nivel nacional, buscando así combatir la impunidad y garantizar un acceso equitativo a la justicia para todas las víctimas. La aprobación fue casi unánime, reflejando un consenso político sobre la gravedad de esta problemática social que afecta a miles de mujeres en el país.
La figura del feminicidio, que reconoce el asesinato de mujeres por razones de género, ha sido objeto de un tratamiento desigual entre las distintas entidades federativas de México. Actualmente, cada estado tiene su propio enfoque para investigar y sancionar estos crímenes, lo que ha generado un escenario de confusión y descoordinación que favorece la impunidad. Según el documento aprobado, resulta fundamental contar con un marco legal que establezca criterios comunes para la clasificación de estos delitos y su posterior investigación, lo que facilitaría una respuesta más efectiva por parte de las autoridades.
Las cifras sobre feminicidios en México son alarmantes. Se estima que aproximadamente diez mujeres son asesinadas cada día, y menos de un cuarto de estos casos son investigados como feminicidio, lo que pone de manifiesto las fallas en la clasificación de estos crímenes y los altos índices de impunidad. Entre los años 2018 y 2025, más de 26.600 homicidios de mujeres fueron registrados, de los cuales solo 6.781 fueron tratados bajo la figura del feminicidio, según datos oficiales. Esta discrepancia pone en evidencia la urgencia de una reforma que unifique criterios y protocolos de actuación.
La reforma aprobada tiene como eje central la homologación del tipo penal, la creación de protocolos de investigación estandarizados y la implementación de penas que oscilan entre 40 y 70 años de prisión para los culpables de feminicidio. Además, se prevé que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas desde la hipótesis de feminicidio, lo que podría cambiar radicalmente la forma en que se abordaban estos casos. En este sentido, el Senado ha subrayado la necesidad de fortalecer la coordinación entre diferentes niveles de gobierno, así como de garantizar no solo el acceso a la justicia, sino también la reparación del daño a las víctimas y sus familias.
La iniciativa también contempla la atención a las víctimas indirectas, como los niños y adolescentes que quedan huérfanos a causa de un feminicidio. Esto demuestra una preocupación por el impacto social que la violencia de género tiene en la familia y en la comunidad, y subraya la responsabilidad del Estado de ofrecer apoyo integral a quienes sufren las consecuencias de estos crímenes. La reforma fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación, así como a los congresos estatales para su consideración.
Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres de México, celebró la aprobación del dictamen, calificándolo como un "hito histórico" que fortalece las capacidades del Estado para investigar y sancionar el feminicidio en todo el país. En su mensaje, resaltó la importancia de esta medida en un contexto donde el Gobierno ha señalado una disminución del 14,9 % en los feminicidios en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han solicitado cautela respecto a estas cifras, advirtiendo que la real disminución de los feminicidios es aún objeto de debate y análisis, lo que indica que el camino hacia la justicia y la igualdad de género en México aún presenta desafíos significativos.
