Más de 18 mil ciudadanos han manifestado su interés en participar de las audiencias públicas sobre la Ley de Glaciares, lo que ha generado un considerable impacto en el avance legislativo. Las provincias mineras, que buscan atraer inversiones internacionales, ven en este debate un desafío significativo. Esta semana, varios gobernadores viajaron a Nueva York para promocionar sus recursos minerales, en un contexto donde se discuten modificaciones a la normativa que protege los glaciares.
El elevado número de inscriptos ha provocado que el proceso de deliberación se extienda. Si se mantiene el formato actual de exposiciones de cinco minutos por persona, se estima que podrían requerirse hasta seis meses para concluir las audiencias. Además, desde la oposición se han solicitado detalles sobre la lista de inscriptos, una información que aún no ha sido divulgada por el oficialismo.
Durante el plenario de las comisiones correspondientes, se estableció que las audiencias se llevarán a cabo el 25 y 26 de marzo, en un formato híbrido que permitirá tanto intervenciones presenciales como remotas. Los bloques opositores han solicitado la ampliación de estas jornadas para garantizar una mayor inclusión y participación, destacando la necesidad de respetar los estándares de participación ambiental establecidos en el Acuerdo de Escazú. La nueva propuesta legislativa busca limitar la protección de glaciares y geoformas, lo que ha generado un amplio debate y preocupación entre diversos sectores de la sociedad.
