El ex mandatario boliviano Evo Morales ha convocado a sus seguidores para que inicien una marcha de seis días desde la localidad de Caracollo, ubicada a unos 190 kilómetros de La Paz. Esta movilización, denominada "Marcha por la Vida para Salvar Bolivia", tiene como objetivo principal exigir al gobierno del presidente Rodrigo Paz el abandono de lo que Morales califica como políticas "neoliberales y privatizadoras". La movilización comenzará el próximo martes y se espera que llegue a la sede del gobierno el 18 de mayo, en un contexto de creciente tensión social en el país.

En su programa radial dominical transmitido por Kawsachun Coca, una emisora vinculada a los sindicatos de cocaleros, Morales anunció con entusiasmo esta marcha, que ha sido organizada por Evo Pueblo, la agrupación política que él lidera desde el Trópico de Cochabamba. La decisión de llevar a cabo esta movilización fue tomada durante un ampliado nacional de Evo Pueblo en Lauca Ñ, donde se discutieron las principales preocupaciones sociales y económicas que enfrenta Bolivia. Las autoridades de esta organización han confirmado que la marcha se llevará a cabo en conjunto con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y la Central Obrera Boliviana (COB), así como con diversos sindicatos de educación.

La marcha se enmarca en una de las crisis sociales más profundas que ha enfrentado Bolivia desde que Paz asumió la presidencia en noviembre de 2025. Desde el primero de mayo, la COB ha declarado un paro general indefinido que se inició en un cabildo en El Alto, demandando un aumento salarial del 20% y un compromiso claro por parte del gobierno de no privatizar empresas estatales. Las autoridades han rechazado estas demandas, argumentando que el salario mínimo ya se incrementó en esa proporción en enero. La situación se ha complicado aún más con bloqueos de carreteras en el altiplano paceño y en Caranavi, que han interrumpido el suministro de alimentos y combustibles al norte del departamento de La Paz durante casi dos semanas.

El pronunciamiento de Evo Pueblo va más allá de las demandas salariales y se convierte en un claro rechazo a un posible aumento en el precio de los combustibles, así como a la reforma constitucional parcial y a las diez nuevas leyes que el presidente Paz anunció recientemente en un "Encuentro Nacional" en Cochabamba. Morales ha advertido que estas nuevas normativas están orientadas a facilitar la privatización de recursos naturales y servicios básicos esenciales. Además, la organización exige la derogación de la Ley 1720, que regula la conversión de tierras agrícolas de pequeña propiedad a mediana propiedad, un aspecto que ha generado controversia, especialmente en los sectores productivos de Santa Cruz.

En un contexto donde las tensiones entre el gobierno y las organizaciones sociales se intensifican, Morales ha subrayado que la convergencia con la COB no responde a una lucha ideológica, sino a la necesidad de proteger la canasta básica familiar. Esta afirmación refleja el creciente descontento social que atraviesa el país, donde las demandas de justicia económica y social están en el centro del debate. A pesar de que el gobierno se ha comprometido a revisar la Ley 1720, Morales ha dejado claro que la marcha continuará, lo que sugiere que las motivaciones de la protesta son más amplias y abarcan diversas cuestiones políticas.

La situación del gobierno de Paz se presenta complicada. Desde su llegada al poder, ha tenido que enfrentar una economía marcada por una inflación del 20%, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles. Las primeras medidas adoptadas por su administración, que incluyen la reducción de subsidios y la apertura a la inversión extranjera, han generado un clima de descontento que se manifiesta claramente en las protestas y paros que han tomado fuerza en las últimas semanas. En este contexto, la marcha convocada por Morales se convierte en un punto crítico para el futuro del gobierno y la estabilidad social en Bolivia.