La figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de una controversia tras revelaciones sobre adquisiciones de equipamiento tecnológico que realizó a través de su cuenta personal de Mercado Libre. Estas compras fueron efectivas mediante el uso de tarjetas de crédito pertenecientes a funcionarios de su equipo, lo que ha generado un amplio debate en torno a la ética y la transparencia en la gestión pública. La investigación, que se encuentra en manos de la fiscalía liderada por Gerardo Pollicita, busca esclarecer las circunstancias que rodean a estas transacciones irregulares, que suman un total de $5.848.589, un monto que excede el salario mensual de Adorni como vocero presidencial.

Las operaciones en cuestión se llevaron a cabo en agosto de 2025 e incluyen la adquisición de un monitor gamer de alta gama y dos proyectores. La compra más significativa fue un monitor Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas, que se adquirió el 19 de agosto por un valor de $2.184.999,05. Esta cifra no solo llama la atención por ser excesiva, sino que también plantea interrogantes sobre el uso de recursos públicos y la legalidad de las transacciones realizadas por el jefe de Gabinete.

De acuerdo con los documentos revisados por la fiscalía, el pago del monitor fue realizado con una tarjeta emitida a nombre de Laura Daniela Schiuma, quien ocupa el cargo de directora general de Actividades Presidenciales en la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno. Esta conexión ha llevado a la fiscalía a investigar más a fondo, dado que se considera que el uso de tarjetas ajenas para compras personales es un grave incumplimiento de las normativas vigentes. Además, el 13 de agosto se registró la compra de dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD, cada uno por $1.831.795, que también fueron pagados con tarjetas vinculadas a Luis Enrique Aluju, un coordinador de Información de Gobierno en la misma dependencia.

Este escándalo no solo afecta la imagen de Adorni, sino que también pone en entredicho la gestión del Gobierno en su conjunto. En varias intervenciones públicas, Adorni se ha presentado como un “retrogamer”, destacando su afición por las consolas y computadoras clásicas. Sin embargo, sus gustos personales no justifican el uso de fondos que, según la fiscalía, deberían estar destinados a fines oficiales y no a satisfacer intereses personales. La comunidad está expectante ante cómo se desarrollará esta investigación y qué repercusiones podrá tener en la administración actual.

Además de las compras tecnológicas, la investigación ha incorporado otra operación sospechosa: un pago en efectivo de $8.183.383 realizado por Gisela Kocsis, una funcionaria del Gobierno, en un local especializado en sommiers y ropa de cama. Este desembolso, supuestamente destinado a una propiedad adquirida por la familia Adorni en el country Indio Cua, ha llevado a la fiscalía a profundizar en las conexiones entre los distintos actores involucrados. La factura de esta compra fue encontrada en el teléfono móvil de Matías Tabar, un contratista que estuvo a cargo de la remodelación de la vivienda, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a la investigación.

Tabar también ha declarado que las remodelaciones de la casa requirieron desembolsos adicionales de Adorni por un total de u$s245.929 en efectivo. Estas declaraciones, junto a la documentación recopilada, están siendo evaluadas por la fiscalía, que se prepara para presentar un requerimiento de justificación patrimonial. En esta instancia, Adorni deberá ofrecer respuestas claras y coherentes a las inconsistencias que han surgido en torno a sus finanzas y sus adquisiciones, un desafío que podría tener consecuencias significativas para su carrera política y la confianza en la gestión gubernamental.