El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de una controversia judicial tras la revelación de los detalles sobre la adquisición de un departamento en el barrio de Caballito, cuyo precio asciende a 230.000 dólares. De acuerdo con las inscripciones del Registro de la Propiedad Inmueble, esta propiedad, de casi 200 metros cuadrados, fue vendida por dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes no solo actuaron como vendedoras, sino que también proporcionaron un préstamo equivalente al 87% del valor total de la transacción. Este hecho ha generado un mar de interrogantes respecto a la naturaleza de la operación y el origen de los fondos utilizados por el funcionario para la compra.
La propiedad había sido anteriormente de Hugo Alberto Morales, un exfutbolista del país, lo que añade una dimensión adicional a esta compleja trama inmobiliaria. Según la documentación oficial, Adorni obtuvo un crédito hipotecario de 200.000 dólares, donde cada jubilada contribuyó con el 50% del monto. Este vínculo financiero con personas de edad avanzada despierta inquietudes sobre la transparencia de la operación y la posible influencia que pueda tener en la gestión pública del jefe de Gabinete.
El caso de Adorni no se limita a la compra en Caballito. En el mismo mes de noviembre de 2025, el funcionario adquirió una casa en el country Indio Cuá Golf Club, situado en Exaltación de la Cruz. Sin embargo, este inmueble está registrado a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. La situación se complica aún más debido a las denuncias que han surgido en torno a su reciente viaje a Nueva York en un avión oficial, lo que ha alimentado las críticas y sospechas en su contra.
La última declaración jurada de Adorni presentada ante la Oficina Anticorrupción ha suscitado controversias adicionales, ya que no incluyó la venta de su anterior propiedad en Parque Chacabuco. Este hecho ha levantado banderas rojas sobre el crecimiento de su patrimonio desde que asumió su cargo en el Gobierno, lo que ha llevado a muchos a cuestionar su integridad y la de su entorno familiar.
A medida que la investigación avanza, el fiscal federal Gerardo Pollicita ha solicitado al juez Ariel Lijo diversas medidas de prueba en relación con el supuesto enriquecimiento ilícito del vocero presidencial. Entre las acciones requeridas se incluyen oficios a registros de propiedad, vehículos y análisis de movimientos financieros, con el fin de identificar activos que Adorni y su esposa no hayan declarado. La fiscalía argumenta que existen motivos suficientes para proseguir con la causa y esclarecer la composición del patrimonio del funcionario.
En un contexto donde el Gobierno busca recuperar el control de la agenda pública, la situación de Adorni ha sido un tema candente en los últimos días. Desde la Casa Rosada, se percibe que la etapa más crítica de la controversia ha pasado, y se han llevado a cabo reuniones políticas para intentar reestructurar la gestión y priorizar nuevas acciones gubernamentales. Esto evidencia un intento deliberado de reactivar el frente legislativo y mejorar el funcionamiento interno del Ejecutivo, en un momento donde la presión pública y mediática sobre el caso Adorni se hace cada vez más evidente.
A medida que la situación se desarrolla, la atención se centra en cómo impactará esto en la imagen del Gobierno y en la confianza que la ciudadanía tiene en sus líderes. Las implicancias de este caso no solo afectan a Adorni, sino que también reflejan la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en la administración pública, un tema que sigue siendo crucial en el debate político actual.
