A 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, persisten diversos crímenes de la dictadura argentina que aún esperan justicia. Si bien se han realizado importantes avances en la investigación de lo sucedido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), algunos delitos, como el robo de propiedades de personas desaparecidas, no han sido abordados adecuadamente en los tribunales. Estos actos, que pueden parecer menores en comparación con las atrocidades más conocidas, reflejan un sistema de represión integral que se extendió más allá de la tortura y el asesinato.
Uno de los casos emblemáticos de este tipo de delitos es el de Osvaldo Barros, un docente y gremialista que fue secuestrado junto a su esposa, Susana Leiracha, el 21 de agosto de 1979. Durante su cautiverio en la ESMA, Barros sufrió tormentos físicos y psicológicos, incluyendo picanas eléctricas y sesiones de interrogatorio. Sin embargo, la experiencia más inquietante ocurrió cuando fue llevado a un sector del Casino de Oficiales conocido como La Pecera, donde encontró una heladera que pertenecía a su hogar. Este hallazgo no solo fue un choque emocional, sino también una revelación de que su vivienda había sido despojada de sus pertenencias.
El accionar del grupo de tareas que secuestró a Barros y Leiracha era parte de una estrategia sistemática de la dictadura. No solo se trataba de eliminar a los opositores, sino también de saquear sus bienes. Desde los primeros meses del régimen, en 1976, se estableció un patrón de rapiña que incluía la apropiación de casas, vehículos, tierras y hasta animales de competición de aquellos que habían sido secuestrados. Este fenómeno se amplió con el tiempo, y la dictadura implementó métodos de lavado de activos para ocultar el origen de estas propiedades robadas.
Recientemente, en 2023, se elevó a juicio oral el caso de Jorge Radice, un individuo ya condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Radice, junto a su hermana Norma, es acusado de haber participado en un entramado que se dedicó a la apropiación y ocultamiento de bienes de personas desaparecidas. Esta situación es singular, ya que podría ser la primera vez que se juzgue a alguien específicamente por estos delitos en el contexto del terrorismo de Estado, lo que resalta la complejidad de la justicia argentina al abordar los crímenes de la dictadura.
Aunque todavía no se ha fijado una fecha para el inicio del juicio, fuentes judiciales han indicado que el proceso se halla en una etapa técnica, centrada en embargos y otros aspectos administrativos. A pesar de la lentitud del sistema judicial, la ONU ha manifestado su preocupación por este y otros casos relacionados con delitos económicos de la dictadura, lo que podría presionar al poder judicial para acelerar el avance de estos procesos en un año tan simbólico como el del 50° aniversario del golpe.
La figura de Jorge Radice no es menor; como contador, fue clave en la elaboración de un sistema que permitió ocultar la procedencia de los bienes robados. Su conocimiento profesional le otorgó las herramientas necesarias para crear un entramado societario que se extendió más allá de las fronteras argentinas. Este hecho pone de relieve la necesidad de una mirada crítica sobre cómo se organizaron las redes delictivas durante la dictadura, que no solo se basaron en la violencia física, sino también en la manipulación financiera y administrativa.
En conclusión, los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura en Argentina abarcan un espectro más amplio que el de la represión política y la desaparición forzada. El juicio a Jorge Radice y su hermana Norma marcará un hito en la lucha por la verdad y la justicia, no solo para las víctimas directas de la represión, sino también para todos aquellos que fueron despojados de sus bienes y dignidad en un período oscuro de la historia nacional. Este proceso judicial puede abrir la puerta a una mayor comprensión de los mecanismos de la dictadura y su impacto en la sociedad argentina contemporánea.
