El narcotráfico se ha consolidado como uno de los problemas más críticos que enfrenta Bolivia en la actualidad. La creciente preocupación de la población ha llevado a que una significativa mayoría acepte la narrativa de un “narcoestado”, un término que sugiere un control profundo del crimen organizado en las instituciones del país. Una encuesta reciente realizada por Integrated Communications and Research, en colaboración con el Instituto Interamericano para la Democracia, revela que más del 75% de los bolivianos manifiestan esta percepción, a pesar de que la valoración de la democracia ha mostrado signos de mejora en algunos sectores.
El estudio pone de manifiesto un alto grado de consenso en torno a la percepción del narcotráfico como un problema grave. En efecto, el 89,4% de los encuestados considera que este flagelo representa una amenaza seria para la nación, una opinión compartida tanto por hombres como por mujeres de todas las regiones. Este consenso es aún más notable entre la población joven, donde el 87,5% de los jóvenes de entre 18 y 33 años se muestra alarmado por la situación, reflejando un amplio reconocimiento de la gravedad del fenómeno.
La narrativa de un potencial “narcoestado” tiene una fuerte presencia en la opinión pública boliviana. El 75,2% de quienes participaron en la encuesta creen que el país ha estado o podría estar bajo esta condición, con una diferencia notable en las opiniones de hombres y mujeres: los hombres son un 13,4% más propensos a sostener esta idea. Este imaginario sobre el narcotráfico se ha mantenido relativamente estable desde 2016, sugiriendo que la preocupación social por el tema no ha disminuido con el tiempo, sino que se ha consolidado como un elemento central en la percepción colectiva.
En términos de apoyo a la cooperación internacional, el 78,3% de los bolivianos se manifiesta a favor de la colaboración con entidades extranjeras en la lucha contra el narcotráfico, incluida la intervención de la DEA. Este respaldo a la cooperación se basa en un enfoque pragmático que prioriza la eficacia en la lucha antidrogas por sobre cuestiones de soberanía nacional o ideología. Solo un 17,3% de la población se opone de manera categórica a la presencia de la DEA, lo que sugiere que la mayoría está dispuesta a aceptar asistencia externa para abordar este desafío.
En cuanto a la percepción de la democracia en el país, un 55,5% de los bolivianos considera que Bolivia es actualmente una democracia, lo que representa un aumento de 13 puntos en comparación con hace una década. Sin embargo, este optimismo no es homogéneo y revela importantes divisiones regionales. En el Oriente del país, el 64% de la población asocia el momento político actual con la democracia, mientras que en el Occidente, solo el 45,3% comparte esta visión, y un 50,6% califica la situación como “dictadura”. Esta polarización territorial añade una capa de complejidad a la dinámica política y a las estrategias de comunicación del gobierno.
La diversidad de opiniones sobre el narcotráfico y la democracia en Bolivia pone de manifiesto la necesidad de políticas públicas adaptadas que aborden la realidad de cada región. La creciente preocupación por el narcotráfico y la aceptación de la cooperación internacional podrían ser claves para diseñar estrategias más efectivas. En un contexto donde la seguridad y la estabilidad social son prioritarias, la colaboración entre el Estado boliviano y organismos internacionales como la DEA se presenta como una opción viable para enfrentar este desafío multidimensional.
