En octubre de 1976, España comenzaba a transitar los primeros pasos de la Transición. Cuatro semanas después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de Ley para la Reforma Política, el 8 de octubre, el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, enfrentó una instancia clave para avanzar con la iniciativa: obtener un dictamen favorable del Consejo Nacional del Movimiento. Aunque ese informe no era vinculante, resultaba necesario antes de que la norma fuera enviada a las Cortes.
El organismo había sido creado en 1937 y funcionaba como una suerte de “Senado” de la dictadura franquista. Por allí debían pasar las leyes fundamentales del Régimen, incluida la Ley para la Reforma Política. Sus informes eran preceptivos, pero no obligatorios para la decisión final. El Consejo estaba integrado por 99 consejeros: uno elegido por cada provincia, 40 designados por Franco, 12 representantes de las estructuras básicas reconocidas por el Régimen —familia, sindicatos y administración local— y seis miembros acordados por su propio presidente, cargo que ocupaba Suárez en su condición de jefe del Gobierno.
El escenario político y social del otoño de 1976 estaba marcado por una creciente movilización vecinal y sindical en reclamo de libertades. Al mismo tiempo, el terrorismo de ETA y la violencia de la extrema derecha formaban parte de la realidad cotidiana del país. Casi un año después de la muerte de Francisco Franco, el historiador Francisco J. Leira-Castiñeira, autor del libro “Retrato de la Transición”, describió aquella sociedad como una comunidad atravesada por el “miedo”.
