El contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, quien se desempeñó como comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, se encuentra en el centro de un juicio oral relacionado con la tragedia del submarino ARA San Juan, que resultó en la muerte de 44 tripulantes en 2017. A sus 66 años, López Mazzeo ha mantenido un perfil bajo, optando por no conceder entrevistas y dejando que los documentos hablen por sí mismos, una postura que ha caracterizado su carrera militar.
El juicio, que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, tiene como trasfondo un conflicto entre López Mazzeo y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Eduardo Hipólito Srur. Este último suspendió al contralmirante mediante un sumario exprés, acusándolo de ser un “presunto infractor” por no haber impedido la salida del submarino, supuestamente en condiciones de alistamiento deficientes. Esta decisión marcó un quiebre en las relaciones dentro de la promoción 108 de la Escuela Naval Militar, de la cual ambos son egresados, y ha sido interpretada por López Mazzeo como un intento de desviar la responsabilidad hacia figuras militares ante la opinión pública.
López Mazzeo sostiene que la acusación en su contra no está respaldada por pruebas concretas. Asegura que no existe testimonio ni informe técnico que respalde la afirmación de que el ARA San Juan no estaba en condiciones de operar. “Toda la acusación fiscal se contradice con la opinión y la documentación provista por el submarino”, afirma, defendiendo así tanto su accionar como el de los tripulantes, quienes, según él, efectuaron todas las pruebas necesarias antes de la zarpada, garantizando que el submarino estaba listo para cumplir su misión.
El contralmirante retirado cuestiona la validez del juicio, argumentando que ya se había investigado el estado del ARA San Juan en otras instancias previas, como la Comisión Bicameral del Congreso y un Consejo de Guerra en 2021. En ambas ocasiones, se concluyó que el submarino estaba en condiciones de realizar la operación para la que fue designado, lo que, a su juicio, debería haber cerrado el tema antes de que se llegara a esta instancia judicial. Este enfoque plantea interrogantes sobre la necesidad de un nuevo juicio y la utilización de los recursos del Estado.
A lo largo de casi nueve años, López Mazzeo ha trabajado incansablemente para que se esclarezca la verdad detrás de la tragedia del ARA San Juan. Reconoce que este proceso ha tenido un costo personal significativo, afectando su vida cotidiana y su bienestar emocional. “Hasta que no se resuelva esto, uno no puede seguir adelante”, confiesa, reflejando la carga que ha implicado para él y para quienes estuvieron a bordo del submarino, que aún buscan justicia y reconocimiento.
Recientemente, la fiscalía, liderada por Gastón Franco Pruzán, ha solicitado una condena de cinco años de prisión para López Mazzeo, acusándolo de estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de las autoridades militares y la gestión del mantenimiento de la flota submarina, así como sobre la necesidad de una mayor transparencia en las investigaciones relacionadas con incidentes de esta magnitud.
