Marcelo “Pichón” Segura, un dirigente político de Tucumán, recobró su libertad el martes tras un acuerdo judicial que resultó de un juicio abreviado. Este suceso se enmarca en el violento episodio ocurrido hace poco más de dos meses, cuando Segura agredió al diputado libertario Federico Agustín Pelli, fracturándole la nariz con un cabezazo. El juez Robín Márquez homologó este acuerdo, que le impone a Segura una condena de tres años de prisión condicional, lo que significa que no deberá cumplir la pena en un centro penitenciario, siempre y cuando respete las condiciones impuestas.
El altercado tuvo lugar el 11 de marzo en La Madrid, Tucumán, donde Segura y un grupo de personas interceptaron a funcionarios y legisladores en medio de una situación de crisis provocada por lluvias intensas que habían llevado a inundaciones en la localidad. El diputado Pelli, miembro de La Libertad Avanza, fue uno de los principales blancos de la agresión, sufriendo una herida que requirió intervención médica debido a la gravedad de la fractura en su nariz.
La resolución judicial establece un conjunto de restricciones que Segura deberá cumplir durante el período de su condena. Entre las condiciones impuestas se encuentran la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de Pelli, la abstención total del uso de armas, drogas y alcohol, así como la obligación de someterse a un tratamiento médico-psicológico orientado a controlar su comportamiento agresivo. Estas medidas buscan prevenir futuros incidentes y asegurar la integridad del legislador agredido.
El caso ha suscitado una fuerte controversia y críticas por parte de la representación legal de Pelli, quien se opuso al acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa. El abogado Juan Colombres Garmendia argumentó que la víctima y su equipo legal no fueron parte activa en las negociaciones, lo que podría haber influido en el resultado del acuerdo. Además, subrayó que la investigación aún no se había completado, ya que no se había identificado a todos los involucrados en la agresión ni se había recuperado el teléfono celular de Segura, que podría contener pruebas relevantes.
El fiscal Gabriela Gilardi, quien lideró la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Homicidios, destacó que la violencia del acto y la vulnerabilidad de la víctima fueron considerados agravantes en la determinación de la pena. Sin embargo, se tomaron en cuenta ciertos atenuantes, como la falta de antecedentes penales de Segura y su disposición a colaborar con la justicia, lo que generó un debate sobre la proporcionalidad de la pena impuesta.
La querella, que considera insuficiente la sanción acordada, había solicitado una condena de tres años y medio de prisión efectiva. Además, pidieron que las restricciones de acercamiento se extendieran a los familiares del diputado Pelli, preocupados por la seguridad de su entorno. Sin embargo, el juez Márquez desestimó estas solicitudes, reafirmando que el Código Procesal Penal de Tucumán no requiere el consentimiento de la parte querellante para validar el procedimiento abreviado. La resolución ha dejado abierta la posibilidad de que la querella considere apelar la decisión, aunque esto no afectaría la situación de libertad de Segura a menos que se emita una nueva orden de detención en su contra.
