{"title": "Rechazo judicial limita la participación en las audiencias sobre la Ley de Glaciares", "body": "La reciente reforma a la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado, se encuentra en el centro de un intenso debate público que ha generado controversias significativas antes de que comience el proceso de audiencias en la Cámara de Diputados. Esta situación se agrava por la decisión de la Justicia de no permitir la ampliación de las audiencias, lo que ha llevado a que solo una pequeña fracción de los inscriptos pueda participar. De más de 100.000 personas registradas, se estima que apenas 400 tendrán la oportunidad de expresarse durante las jornadas programadas para el 25 y 26 de marzo, lo que representa menos del 0,4% de los interesados.\n\nEl viernes pasado, la organización ambiental Greenpeace presentó una medida cautelar con el objetivo de asegurar que todos los inscriptos pudieran participar de manera oral en las audiencias. Greenpeace subrayó la importancia de garantizar que la voz de la ciudadanía no se limite a la presentación de cartas o videos, y propuso la designación de veedores judiciales para supervisar el desarrollo de las audiencias, tanto en formato presencial como virtual. Sin embargo, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7, bajo la conducción de Enrique Lavié Pico, desestimó esta solicitud, lo que ha generado una fuerte reacción entre los sectores involucrados.\n\nPreviamente a la decisión judicial, un grupo de diputados, entre los que se encuentran Sabrina Selva (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), también habían solicitado una ampliación de las audiencias. Argumentaron que permitir solo una participación simbólica podría llevar a una mayor judicialización del proceso legislativo. Este contexto resalta la tensión existente entre la necesidad de avanzar con la reforma y la demanda de una participación ciudadana efectiva y genuina.\n\nEn medio de esta controversia, el día de la votación de la reforma en el Senado, activistas de Greenpeace llevaron a cabo una manifestación en las escalinatas del Congreso, evidenciando la fuerte oposición que genera la reforma. Este proyecto, considerado una de las prioridades legislativas de la actual gestión, busca modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, reafirmando el estatus de los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Sin embargo, la reforma introduce cambios que permiten a las autoridades locales definir la condición de "estratégica" de estas reservas, lo que podría abrir la puerta a intervenciones en el Inventario Nacional de Glaciares (ING).\n\nEl diputado Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y uno de los coordinadores del debate, expresó su satisfacción en las redes sociales tras la decisión judicial, argumentando que un grupo reducido de ONGs intentó obstaculizar lo que él considera un proceso crucial de participación ciudadana. Mayoraz defendió la legitimidad del proceso de debate y lo alineó con el Acuerdo de Escazú, un marco internacional que promueve la participación ambiental, enfatizando la importancia de que la ciudadanía tenga acceso a la información necesaria para comprender el tema en profundidad.\n\nLa situación actual pone de relieve no solo las diferencias en torno a la reforma de la Ley de Glaciares, sino también las tensiones más amplias que existen entre el gobierno, las organizaciones ambientales y la ciudadanía. A medida que se acerca la fecha de las audiencias, la presión sobre los legisladores aumentará, y será fundamental observar cómo se desarrollan estas jornadas y si se logrará un equilibrio entre el avance legislativo y la inclusión real de la voz de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones.","metaDescription": "La Justicia rechazó extender las audiencias sobre la Ley de Glaciares, limitando la participación ciudadana. Greenpeace y diputados critican la decisión."}