Las últimas indagaciones sobre el teléfono de Mauricio Novelli, un cercano colaborador del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, quien ocupa el cargo de secretaria general de la Presidencia, continúan arrojando luz sobre las relaciones de confianza que se formaron antes del lanzamiento del controvertido token $LIBRA. Este caso, que ha captado la atención pública y judicial, se encuentra en el centro de una investigación que busca determinar la naturaleza de los lazos entre el sector privado y el entorno gubernamental, en un contexto político y económico complejo.
A un mes del Tech Forum, un evento significativo que tuvo lugar en octubre de 2025, se reveló un mensaje de agradecimiento que una funcionaria del Gobierno, Alejandra Serventi, envió a Novelli por un perfume que le obsequió. En el mensaje, Serventi expresó su agradecimiento, indicando que no era necesario el gesto. Este intercambio de cortesías ha despertado interrogantes sobre la legalidad y la ética de los regalos entre funcionarios públicos, dado que la normativa prohíbe que reciban obsequios, aunque existen excepciones para muestras de cortesía, según lo señalado por abogados consultados.
En el marco de la investigación judicial por el caso $LIBRA, el Gobierno nacional respondió a un requerimiento de la fiscalía, negando la existencia de un acuerdo entre el presidente Milei y el empresario Hayden Davis, quien está vinculado al desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en criptomonedas. Esta respuesta fue emitida por la Secretaría General de la Presidencia a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, liderada por el fiscal Eduardo Taiano, tras una solicitud formal realizada el 24 de febrero del presente año.
La Justicia había solicitado información sobre la posible existencia de un “acuerdo confidencial” entre Milei y Davis, que se habría firmado antes del lanzamiento del token $LIBRA el 14 de febrero de 2025. En su respuesta, el Subsecretario Legal de la Secretaría General, Juan Manuel Galli, fue contundente al afirmar que no había registros ni documentación que respaldaran el acuerdo mencionado en el requerimiento judicial. Esta categórica negación plantea interrogantes sobre la transparencia y la integridad del proceso de creación y lanzamiento del token.
El documento oficial que responde al requerimiento judicial se suma al expediente que busca clarificar si existieron convenios previos al lanzamiento del token y cuál fue el nivel de implicación de funcionarios o terceros en su desarrollo. Este aspecto resulta crucial, dado el creciente escrutinio sobre las relaciones entre el sector privado y el Gobierno, especialmente en un contexto donde la economía digital y las criptomonedas están ganando terreno rápidamente.
En el análisis de la pericia realizada por la Dirección de Asuntos Técnicos de la Información Pública (DATIP) sobre el teléfono de Novelli, se encontró un borrador de un supuesto acuerdo relacionado con la asesoría en criptomonedas, que podría ser un elemento clave en la investigación. La causa se encuentra actualmente en una fase de recolección de pruebas, enfocándose en reconstruir el trasfondo del proyecto y los posibles vínculos entre actores privados y el entorno gubernamental.
Es evidente que el caso $LIBRA no solo involucra cuestiones administrativas y legales, sino que también refleja las tensiones y desafíos que enfrenta el Gobierno de Milei en su búsqueda de legitimidad y confianza pública. A medida que avanza la investigación, será fundamental seguir de cerca las revelaciones que puedan surgir y cómo estas pueden impactar en la percepción del Gobierno y en el futuro del ecosistema de las criptomonedas en Argentina.
