LaLiga ha reafirmado su posición respecto a la decisión de su presidente, Javier Tebas, de restringir el voto de FC Barcelona y Real Madrid en las discusiones sobre la comercialización de derechos audiovisuales. Esta medida, según la entidad, fue tomada para salvaguardar la integridad del fútbol español y responder a un posible conflicto de interés derivado de la participación de ambos clubes en el controvertido proyecto de la Superliga. En un comunicado oficial, LaLiga argumentó que las decisiones de Tebas fueron fundamentadas en circunstancias objetivas, buscando priorizar el bienestar de todos los clubes involucrados.
La declaración de LaLiga se produce en el contexto del reciente fallo de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que desestimó el recurso presentado por la organización contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Esta última había confirmado la nulidad de las decisiones adoptadas por Tebas, las cuales impidieron que los dos gigantes del fútbol español participaran en la votación de varias reuniones cruciales. La decisión del Supremo se refiere a la falta de efecto útil del recurso, sin cuestionar los fundamentos jurídicos que LaLiga había esgrimido para justificar la postura de su presidente.
El tema se originó en tres reuniones clave del Órgano de Control de la gestión de derechos audiovisuales, llevadas a cabo en marzo, abril y mayo de 2022. Durante estos encuentros, la participación de FC Barcelona y Real Madrid fue desactivada debido a la preocupación por un conflicto de interés relacionado con su implicación en la Superliga. LaLiga sostiene que estas decisiones eran necesarias para asegurar que la comercialización de los derechos se realizara de manera justa y equitativa, beneficiando a todos los clubes, no solamente a los más poderosos.
En su defensa, LaLiga ha manifestado que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre la validez de los argumentos legales presentados, lo que abre la puerta a futuros recursos procesales. La organización se basa en la supuesta infracción del artículo 7.4 del Real Decreto de 2015, que aborda las regulaciones sobre conflictos de interés. Además, se critica la falta de aplicación de la doctrina de la “base razonable”, que establece límites a la intervención judicial en las decisiones asociativas, siempre que estas sean consideradas razonables.
LaLiga ha expresado su desacuerdo con la interpretación del Tribunal, argumentando que la sentencia se basa en la premisa de que el recurso no cuestionó si el presidente tenía la autoridad para tomar esas decisiones, o si debió ser un tercero quien lo hiciera. Dicha cuestión fue, según LaLiga, abordada en el recurso de casación, lo que sugiere que la disputa legal podría no haberse cerrado aún. La entidad está evaluando las opciones legales disponibles para continuar su defensa.
El conflicto no solo subraya las tensiones internas dentro del fútbol español, sino que también pone de manifiesto las complicadas relaciones entre los clubes y las entidades reguladoras. LaLiga, como organización que vela por los intereses de todos los clubes, se enfrenta al desafío de encontrar un equilibrio entre la competitividad y la equidad en el manejo de los derechos audiovisuales. Este episodio es un recordatorio de que las decisiones tomadas en el ámbito del deporte pueden desencadenar repercusiones legales significativas y generar polarización entre los actores más relevantes del fútbol.
