Un reciente informe revela que el 14,8% de las mujeres con discapacidad ha experimentado violencia física por parte de su pareja, una cifra que contrasta notablemente con el 9,7% registrado entre las mujeres sin discapacidad. Estos datos provienen de la segunda parte de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, presentada este miércoles por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que forma parte del Ministerio de Igualdad. Este estudio pone de manifiesto la situación alarmante que enfrentan las mujeres con discapacidad, un grupo que, en muchos casos, se convierte en blanco de violencia debido a su condición.
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, destacó que el objetivo de este informe, titulado 'Mujeres especialmente vulnerables a la violencia', es ofrecer una perspectiva más precisa sobre la violencia de género en diversos segmentos de la población. La Macroencuesta, que se basa en 11.894 entrevistas realizadas en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), se presentó el pasado 3 de diciembre. El nuevo estudio se centra no solo en mujeres con discapacidad, sino que también incluye a grupos como gitanas, extranjeras, jóvenes y aquellas que residen en áreas de baja densidad poblacional.
Martínez-Perza enfatizó que el compromiso del Gobierno es proporcionar una política pública que reconozca y respete las diferencias dentro de la lucha por la igualdad. "Es fundamental entender que la igualdad debe considerar las particularidades de cada grupo", declaró. Este enfoque es crucial para construir un sistema de protección integral que atienda las necesidades específicas de mujeres que, por su condición, pueden estar más expuestas a situaciones de violencia.
El informe subraya que la violencia no afecta a todas las mujeres de la misma manera. En particular, el 14,8% de las mujeres con discapacidad que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33% ha sufrido violencia física a lo largo de su vida. "La discapacidad no es simplemente una condición; es un factor que puede agravar la vulnerabilidad a la violencia", advirtió la delegada. Esta afirmación pone en evidencia la necesidad de desarrollar políticas más ajustadas que respondan a la complejidad de las realidades que enfrentan estas mujeres.
En este sentido, Martínez-Perza hizo un llamado a la implementación de "políticas más finas, más afinadas y más precisas". Estas políticas deben ser capaces de responder a las diversas realidades que viven las mujeres y a las desigualdades específicas que enfrentan. La delegada advirtió que, de no tomar en cuenta estos matices, existe el riesgo de que las medidas no alcancen a quienes realmente más lo necesitan, perpetuando así el ciclo de violencia.
Este informe llega en un momento crítico, donde la visibilidad de la violencia de género y la necesidad de políticas efectivas son más urgentes que nunca. La pandemia de COVID-19 exacerbó muchas de estas problemáticas, y es esencial que el Gobierno actúe de manera decidida para abordar estas violencias. La protección de los grupos más vulnerables, en particular las mujeres con discapacidad, debe ser una prioridad en la agenda pública, garantizando así un enfoque integral en la lucha contra la violencia de género.
