A tan solo dos semanas del golpe militar que daría inicio a una de las dictaduras más brutales del país, la Embajada de Estados Unidos no ocultaba su preocupación por la situación política en Argentina. La presidente María Estela Martínez de Perón enfrentaba una crisis económica profunda, marcada por una inflación descontrolada y un clima de violencia tanto guerrillera como paramilitar. A pesar de los intentos de su gobierno por mantener el control, la ineficacia y el aislamiento parecían ser la única respuesta ante un panorama cada vez más sombrío.
Tres documentos diplomáticos, fechados el 4, 5 y 9 de marzo, revelan que existió una última oportunidad para evitar el colapso institucional: un juicio político a la presidente, que podría haber permitido la asunción del senador Ítalo Lúder como mandatario interino. Lúder, quien ya había ocupado brevemente el cargo en 1975, se mostró reacio a actuar en esta ocasión, argumentando que no podía traicionar a la viuda del general Perón, a pesar de que su falta de acción condujo al deterioro de la democracia.
El 3 de marzo, Lúder decidió no convocar a la Asamblea Legislativa para discutir el juicio político. Aunque no lo expresó abiertamente, su justificación se basó en la supuesta inconstitucionalidad de la convocatoria. Esta decisión fue subrayada por el ministro del Interior, Roberto Ares, quien, al responder a la prensa, reveló que Lúder había cambiado de parecer, lo que complicó aún más la situación política en un momento crucial para el país.
