La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, encabezada por su presidente, Sergio Torres, ha presentado un proyecto que busca obtener autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera para el Poder Judicial. Esta iniciativa será enviada a la Legislatura provincial, en un contexto donde el tribunal enfrenta una situación crítica debido a la falta de cuatro miembros que aún no han sido designados. La exigencia de Torres al Ejecutivo y al Senado para que se cubran urgentemente estas vacantes resalta la creciente preocupación por el funcionamiento del sistema judicial en la provincia.
Durante un acto que reunió a magistrados, funcionarios y representantes gremiales, Torres comenzó su discurso subrayando la anormalidad que representa que el máximo tribunal esté conformado por solo tres de los siete ministros que deberían estar en funciones. “Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, afirmó, mientras recordaba que la Corte lleva más de seis años incompleta, acumulando más de cien incumplimientos constitucionales a lo largo de este tiempo. La falta de designaciones no solo afecta la operatividad del tribunal, sino que también pone en jaque la independencia del Poder Judicial.
El origen de esta problemática se remonta a 2020, cuando falleció el juez Héctor Negri, seguido por otras pérdidas y jubilaciones que han dejado al tribunal en un estado de descomposición. Torres enfatizó que desde la primera vacante han pasado 2.292 días, y desde que la Corte se redujo a tres miembros, casi 800 días. Esta prolongada situación ha llevado a cuestionamientos sobre la capacidad del sistema judicial para cumplir con su función fundamental de administrar justicia de manera eficaz y oportuna.
La historia del tribunal es relevante para entender su actual debilidad. En 1955, la ley orgánica estableció un total de siete ministros, cifra que se amplió a nueve en los años 90 para adaptarse al aumento de la litigiosidad, y que en 2007 se redujo nuevamente a siete. Torres hizo hincapié en que la cobertura de las vacantes no debe ser considerada un asunto menor o meramente administrativo; es fundamental para el buen gobierno del Poder Judicial y para la planificación estratégica de sus decisiones. Sin una Corte completa, la legitimidad de sus resoluciones se ve comprometida.
Además, Torres recordó que la falta de funcionarios no es un problema exclusivo del máximo tribunal. En el sistema judicial de la provincia se han llegado a acumular hasta 700 vacantes, lo que evidencia una crisis más profunda en el funcionamiento del Poder Judicial. En un esfuerzo por revertir esta situación, el presidente de la Corte celebró que en 2025 se realizaron 412 designaciones, y solicitó que en 2026 se continúe con esta política para cubrir las más de 200 vacantes restantes, lo que es esencial para el fortalecimiento de la justicia.
La Constitución provincial establece claramente que el Ejecutivo tiene un plazo de 15 días para presentar propuestas al Senado ante una vacante, y que se deben convocar sesiones extraordinarias si fuera necesario. Sin embargo, según Torres, este mandato ha sido ignorado de manera sistemática, acumulando un total de 152 incumplimientos. La falta de acción por parte de los poderes del Estado no solo perpetúa la crisis del tribunal, sino que también genera un clima de incertidumbre en la ciudadanía, que espera una justicia ágil y efectiva.
En este contexto, la demanda de Torres para la cobertura de las vacantes y la autonomía financiera del Poder Judicial se presenta como un grito de alerta sobre la necesidad de restablecer la normalidad en la Corte. La situación actual no solo afecta a los magistrados que componen el tribunal, sino que repercute en la confianza de la sociedad en un sistema judicial que debe ser un pilar fundamental del Estado de derecho. La respuesta de los poderes Ejecutivo y Legislativo será clave para determinar el futuro del Poder Judicial en la provincia y su capacidad para enfrentar los desafíos que plantea la realidad social y política actual.
